Opinión por Héctor Loya
La legislación aprobada por DeSantis y aprobada con entusiasmo por sus correligionarios en el Congreso local es inconstitucional, pues invade las facultades del gobierno federal, único que puede establecer políticas en materia migratoria. Además, resulta inhumana y violatoria de los derechos humanos al obstaculizar de forma deliberada el acceso al trabajo e incluso a la atención sanitaria, lo que puede derivar en muertes evitables.
DeSantis da la espalda a la realidad de Florida por su afán de presentarse como el más radical antimigrante frente al electorado conservador local y nacional, al que se dirige con la expectativa de obtener la nominación presidencial republicana. Es evidente que con estas acciones se produciría una aguda escasez de mano de obra en los sectores que concentran el trabajo migrante, como las industrias restauranteras, de turismo, la construcción y la agricultura.
En esta cruzada de odio, el gobernador reproduce las banderas abrazadas por los republicanos a nivel federal y por algunos de sus colegas a escala estatal. En particular, parece sostener una demencial competencia con el gobernador de Texas, Greg Abbott, por adoptar las políticas más crueles contra los migrantes.
Sin duda alguna, el pensar solo en estos nombres es sinónimo de Xenofobia y racismo sin medida, pero recordemos que todo por su propio peso cae y el día que estos estados se queden si la preciosa mano de obra es cuando aprenderán a valorar el valioso trabajo que hacen los migrantes y sobre todo el gran impulso que posicionan a la economía de los estados y de la nación entera en una primer potencia mundial.
La batalla será difícil porque el migrante es capturado por el sector más reaccionario de la clase gobernante, pero no puede ceder ante abusos de poder demagógicos y propagandísticos impuestos con el pretexto de combatir el tráfico de personas y drogas.
