Por Edgar Castro/MICHIGAN
El Senado de Michigan aprobó un proyecto de ley el miércoles que establecerá órdenes de protección contra riesgos extremos, también conocidas como leyes de «bandera roja», que permitirán a los tribunales retirar las armas de las personas que se cree que son un peligro para los demás o para ellos mismos.
El Proyecto de Ley Senatorial 83 ahora se dirigirá al escritorio de la gobernadora Gretchen Whitmer. Se aprobó 20 a 17 según las líneas del partido y se produjo después de que se hicieran enmiendas al proyecto de ley en la Cámara de Representantes de Michigan la semana pasada. Además, según los informes, el Senado aprobó los proyectos de ley de bandera roja de la Cámara con cambios, y envió esa legislación de regreso a la Cámara para su aprobación final.
“De familias de mi distrito y de todo el estado, hay numerosas historias desgarradoras que podrían haber tenido un final diferente y numerosas vidas que podrían haberse salvado con órdenes de protección contra riesgos extremos”, indicó la senadora Mallory McMorrow (D-Royal Oak) en un comunicado de prensa. Ella fue la promotora del proyecto de ley. “Las leyes de banderas rojas crean una herramienta preventiva, un recurso provisional para los seres queridos, los jueces y las fuerzas del orden. Y si bien es difícil medir ‘eventos que no ocurrieron’, la evidencia muestra que estas órdenes de protección de riesgo extremo pueden y reducen las muertes por armas de fuego, especialmente aquellas por suicidio”, agregó.
La semana pasada, Whitmer firmó dos proyectos de ley que denominó medidas de sentido común: exigir verificaciones de antecedentes y registros para todas las armas de fuego compradas en el estado y exigir a los propietarios de armas que mantengan las armas de fuego y las municiones bajo llave cuando haya menores cerca.
«En este momento, solo las pistolas requieren una verificación de antecedentes, pero las armas largas y las escopetas no. Eso no tiene ningún sentido», resaltó Whitmer la semana pasada.
Según el proyecto de ley, un tribunal puede emitir una orden de protección por riesgo extremo «si el tribunal determina, por la preponderancia de la evidencia, que se puede esperar razonablemente que el demandado en un futuro cercano se lastime físicamente gravemente a sí mismo o a otra persona intencionalmente o no intencionalmente o posee un arma de fuego y ha participado en un acto o ha realizado amenazas significativas que apoyan sustancialmente esta expectativa».
Los tribunales también pueden considerar otros factores, incluidos antecedentes de violencia, enfermedades mentales, antecedentes penales, uso de drogas o alcohol y más. El proyecto de ley indica que la persona que está bajo la orden tendrá dos oportunidades durante el año para demostrar que no es una amenaza y potencialmente recuperar sus armas.
