Washington, 22 jun, (ELINFORMADORUSA/EFE).-
El Supremo de EE.UU. falló este viernes en contra del caso de una ciudadana estadounidense casada con un salvadoreño al que las autoridades migratorias le negaron la visa para regresar a Estados Unidos para reunirse con su esposa, en parte por sus tatuajes.
En una votación de seis a tres, el máximo tribunal se puso del lado del Gobierno de EE.UU. en el caso de Luis Asencio Cordero, de 47 años, que ha estado separado de su esposa, la abogada estadounidense Sandra Muñoz, por casi 10 años.
El Departamento de Estado le negó la visa de inmigrantes por supuestamente ser miembro de una pandilla en su país.
La jueza conservadora Amy Coney Barrett escribió en su decisión que Muñoz no goza de la «libertad» protegida por la Constitución para hacer algo sobre la visa de inmigrante de su esposo.
Por el contrario, la jueza Sonia Sotomayor, una de las tres liberales que estuvo a favor de la latina, subrayó que «Muñoz tiene un interés constitucionalmente protegido en la solicitud de visa de su esposo porque su denegación perjudica su derecho al matrimonio».
La pareja se conoció en Los Ángeles, donde se casaron, y en 2015 Asencio Cordero regresó a El Salvador para lo que supuestamente sería su cita final en el consulado estadounidense y regresar como residente permanente.
Pero durante la entrevista le pidieron que se desnudara y tomaron fotos de sus tatuajes: la Virgen de Guadalupe, máscaras de teatro, dados y naipes.
Un oficial consular le preguntó sobre sus antecedentes penales y él describió un arresto de tres días por una pelea con un amigo, caso por el que no se presentaron cargos.
Tras la entrevista, el salvadoreño recibió una notificación de que su solicitud de residencia había sido rechazada, negándole en consecuencia la visa para regresar a Estados Unidos sin explicar las razones.
En 2017, la pareja presentó una demanda ante una corte en California y supo que le habían negado la residencia porque el Gobierno creía que era miembro de la banda criminal MS-13 con base en la entrevista, su supuesto historial criminal y sus tatuajes.
La batalla legal emprendida por la pareja, el National Immigrant Justice Center (NIJC), el abogado Eric Lee y abogados de la escuela de leyes de la Universidad de California Berkeley cuestionaba los secretos detrás de las decisiones de visas y qué proceso, si es que existe alguno, se utiliza para corregir decisiones consulares erróneas.
El Departamento de Justicia de EE.UU. argumentó que el Ejecutivo tiene el poder de excluir a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses «sin dar una razón», a pesar de que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) había aprobado la petición.
En ese sentido, Sotomayor escribió que «una vez que el marido de Muñoz abandonó el país confiando en esas aprobaciones (de USCIS), su matrimonio dejó de importar».
El abogado Lee dijo en un comunicado que la decisión del Supremo «es un ataque histórico» al debido proceso y a los derechos al matrimonio y de los inmigrantes.
Es «inconsistente» con la retórica de la Administración Biden de que los inmigrantes y los ciudadanos deben ser vistos como seres humanos. «Es sólo una forma más de separación familiar», se lamentó Charles Roth, director de litigios de NIJC.
La decisión se da en la misma semana en que la Casa Blanca anunció un programa que favorece a indocumentados cónyuges de ciudadanos estadounidenses y que hubiera cobijado a Asencio.
El fallo tendrá importantes repercusiones para inmigrantes en situaciones similares porque es extremadamente inusual ganar desafíos a las negativas del Gobierno a conceder visas.
