Washington, 11 jun (ELINFORMADORUSA/EFE).-
La emisora indicó que el alto tribunal debatirá si acepta evaluar durante el próximo periodo la eliminación gradual de ese beneficio concedido a los llamados «soñadores».
En 2020, Estados Unidos estará embarcado en la campaña de cara a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, en las que el actual gobernante, Donald Trump, buscará su reelección.
Trump decidió eliminar en septiembre de 2017 el programa DACA, promulgado por su antecesor, Barack Obama (2009-2017), y que protegía de la deportación a 690.000 jóvenes indocumentados llegados al país siendo niños.
Cuatro meses después, un juez federal de California ordenó que el programa se mantuviera y que el Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de continuara aceptando renovaciones.
Al de California le siguieron otros dos magistrados federales y ello llevó a la Administración a pedir la intervención de la máxima instancia judicial, casi al mismo tiempo que una corte federal de apelaciones respaldaba el bloqueo a la eliminación del programa.
El mandatario dio entonces hasta el 5 de marzo del año siguiente para que el Congreso encontrase una solución a esta situación de desamparo legal, una fecha límite que fue noqueada por decisiones de cortes menores.
El pasado 3 de junio, el Supremo rechazó valorar por el momento la intención de Trump de eliminar el DACA, aunque esa orden no impide la posibilidad de que los jueces admitan a trámite esta cuestión en el futuro.
Expertos indicaron consideraron entonces improbable que esto suceda antes de que todos los tribunales de menor instancia que tienen casos relacionados se pronuncien al respecto.
Un día después de la decisión de la Corte, la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley ideado para que los amparados por el DACA, así como por los programas de Estatus de Protección Temporal (TPS) y Partida Forzada Diferida (DED) accedan a la ciudadanía.
La medida, que fue avalada con 237 votos a favor -todos los demócratas y siete republicanos- y 187 en contra, necesitará del visto bueno del Senado, controlado por los conservadores.
El TPS fue creado en 1990 y a través de él, el Gobierno concede permisos de forma extraordinaria a los ciudadanos de naciones afectadas por conflictos bélicos o desastres naturales.
El programa DED es similar al TPS y permite aplazar la deportación de personas que podrían correr peligro de ser enviadas a los países donde hay inestabilidad política o desastres naturales.
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