Washington (EFE)
El gobierno del presidente Donald Trump anunció este martes que impondrá nuevamente la norma de «carga pública» por la cual puede negar la residencia permanente a inmigrantes legales que hayan recibido asistencia gubernamental y que había quedado en suspenso debido a la pandemia de COVID-19. El Gobierno impuso la norma, inicialmente, en 2019, dando a los funcionarios de inmigración la autoridad de negar el trámite a los extranjeros que hayan solicitado asistencia gubernamental, y aún a aquellos que, a criterio del funcionario, puedan en el futuro convertirse en «carga pública».
En febrero el Tribunal Supremo de Justicia autorizó la aplicación de la norma, pero en julio, el juez federal George Daniels dejó en suspenso su aplicación considerando que interfería con los esfuerzos para contener la propagación del coronavirus. El juez atendió los argumentos de médicos y autoridades municipales quienes señalaron que los inmigrantes, temerosos de que se les niegue la residencia legal, podrían abstenerse de buscar la asistencia médica o la ayuda para la vivienda que necesitan.
Pero luego el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito invalidó el dictamen de Daniel permitiendo que el Gobierno de Trump aplique nuevamente la norma de «carga pública». El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) indicó en su página de internet que aplicará el criterio a todas las solicitudes pendientes y futuras de residencia legal («green card») presentadas después del 24 de febrero.
«Aun antes de que la norma entrara en vigencia, las evidencias muestran que su propuesta aplicación produjo amplios efectos a nivel nacional por los cuales las familias inmigrantes, elegibles para esos servicios, evitaron inscribirse en programas de asistencia pública por temor a las consecuencias sobre su situación legal», según un informe preparado por el Instituto Urbano.
Este fenómeno «se ha tornado aún más alarmante durante la pandemia de COVID-19, en la cual muchas familias inmigrantes son vulnerables a agudas tribulaciones médicas y económicas», añadió. Como resultado del anuncio de la aplicación de la norma, y ya antes de que entrara en vigencia, «más de uno de cada siete adultos en familias inmigrantes indicó que él o alguien en su familia evitó los programas gubernamentales que no operan con subsidios en efectivo».
Entre esos programas se cuentan el sistema de subsidio del cuidado de la salud para los pobres Medicaid, el Programa de Seguro Médico para niños (CHIP, en inglés), el programa de asistencia de alimentación suplementaria (SNAP) y los subsidios para la vivienda. Entre 2018 y 2019 aumentó del 21,8 % al 31 % el efecto disuasorio entre los adultos de familias inmigrantes en las cuales al menos un miembro no era residente permanente, este es el grupo más propenso a ser afectado directamente por la norma durante el trámite futuro de sus solicitudes de «tarjeta verde».
