Washington, 30 jun (EFE/ELINFORMADOR).-
Un centenar de organizaciones defensoras de los derechos humanos pidió este jueves al Gobierno estadounidense que no deporte a los supervivientes del camión hallado en San Antonio (Texas) en el que murieron 53 migrantes por asfixia y deshidratación.
El American Immigration Council envió al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, una carta en la que cerca de 100 organizaciones estamparon su firma pidiendo que no se deporte a los heridos cuando salgan del hospital.
«Expulsar o deportar a cualquier superviviente en estas circunstancias agrava los horrores que experimentaron», consideraron en la misiva.
Por ello, pidieron al Departamento de Seguridad Nacional «garantizar que tengan libertad condicional para ingresar a Estados Unidos» y se les ofrezca asistencia para solicitar visados o asilo.
Los firmantes creen que los supervivientes «corren el inminente riesgo de deportación» bajo el Título 42, una política implementada por el expresidente Donald Trump por la cual se expulsa a los indocumentados que cruzan la frontera de manera irregular sin que puedan pedir asilo.
«En accidentes previos, otras víctimas terminaron detenidas y deportadas pocas horas después de ser dados de alta del hospital», señalaron.
En otras ocasiones, afirmaron, ha habido víctimas de tráfico de personas que han sido «retenidas como testigos» para que declarasen y luego fueron deportadas.
El lunes fue hallado un camión abandonado de traficantes de personas en San Antonio con 46 migrantes fallecidos por hacinamiento, mientras que otros 16 fueron trasladados a hospitales cercanos.
Posteriormente la cifra de fallecidos se elevó a 53 personas, originarias de México, Guatemala y Honduras.
El Tribunal Supremo autorizó este jueves al presidente, Joe Biden, para levantar el programa «Quédate en México», una política instaurada por Trump que obliga a que los solicitantes de asilo esperen en territorio mexicano a que se resuelva su caso.
Sin embargo, todavía sigue vigente el Título 42, otra política instaurada por Trump, que Biden ha intentado suspender, pero la Justicia se lo ha impedido.
