Washington (El Informador/EFE).-
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) notificó este martes la cancelación de más de 13.000 despidos temporales que debían iniciar el 30 de agosto, y que la agencia había planificado para lidiar con lo que describió como un déficit en su financiación debido a la pandemia del COVID-19.
«Estamos ahora en posición de cancelar los despidos administrativos actuales» que hubieran afectado al 70 % del personal, señaló el mensaje remitido por el subdirector de USCIS, Joseph Edlow, a los empleados de la agencia, a los que advirtió que sus «problemas no se han resuelto».
«Nuestra fuerza laboral es primera columna vertebral de todos los logros de USCIS», añadió. «El evitar estos despidos administrativos significa un costo operativo grave que aumentará los atrasos (de trámites) y períodos de espera, sin garantía de que podamos evitar futuros despidos temporales».
Entre las operaciones que se verán afectadas por estos inconvenientes, el mensaje señaló las esperas más prolongadas, períodos más largos para la adjudicación de los casos de ajuste de visas y naturalizaciones.
«Las ceremonias de naturalización continuarán», añadió la notificación. «El Congreso debe actuar acerca de una solución de largo plazo que provea a USCIS la asistencia financiera necesaria para sustentar a USCIS en el período fiscal 2011 y más allá».
A diferencia de otras agencias federales, que cubren su presupuesto con asignaciones de fondos del Congreso, USCIS opera financiada por las tarifas que pagan los inmigrantes para sus trámites de visas temporarias, visas de residencia legal permanente y obtención de la ciudadanía estadounidense, todos ellos reducidos de manera sustancial debido a la pandemia.
Otros factores que afectaron la financiación de USCIS resultan de la política del presidente Donald Trump, que ha restringido la inmigración y los viajes desde otros países, y el cierre de numerosas oficinas donde se inician y procesan los trámites de visas.
La agencia ha calculado una reducción del 61 % en sus recaudaciones hasta el fin del período fiscal 2020, que concluye el 30 de septiembre, y aunque ha limitado los aumentos de sueldos y ha adoptado otras medidas para restringir sus gastos, sus directores han indicado que se necesitan medidas drásticas para mantenerla funcionando.
En mayo, la agencia pidió al Congreso una asignación de emergencia de 1.200 millones de dólares para continuar operando en lo que resta del período fiscal 2020, que concluye el 30 de septiembre.
La Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, aprobó el sábado una legislación que autoriza a USCIS el aumento de ciertas tarifas vinculadas con el trámite rápido de solicitudes de inmigración, y permitiría evitar los despidos temporarios.
A fin de julio, USCIS publicó su nueva lista de tarifas, que aplicará a partir del 2 de octubre, con un incremento promedio del 20 %, pero que llega al 535 % en algunas de ellas.
USCIS procesa decenas de tipos de visas y trámites diferentes, y la tabla publicada muestra algunas reducciones de tarifas, como una disminución del 11 % en lo que hay que paga por el reemplazo del documento de residencia legal permanente («tarjeta verde»), de 455 a 405 dólares por la solicitud vía internet, y de un 9 % en el trámite con papel de 455 a 415 dólares.
En el otro extremo, un inmigrante indocumentado que use el formulario I-881 para solicitar que se suspenda su deportación, deberá pagar 1.810 dólares, esto es un aumento del 535 % sobre la tarifa actual de 285 dólares.
