En una publicación reciente hecha en la cuenta oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Douglas, se menciona que una operación conjunta entre dicha entidad y agentes de Seguridad Nacional desarticuló una amplia red de narcotráfico y trata laboral que operaba en Omaha. Según se lee, lo que comenzó en 2023 como una investigación encubierta del Grupo de Operaciones Especiales del condado terminó convirtiéndose en un caso de tres años que reveló la magnitud de una organización criminal con conexiones internacionales.
En enero de 2024, los investigadores arrestaron a Jason Pemberton, de 51 años, tras hallar 44 libras de metanfetamina, 131 gramos de MDMA y una cantidad menor de hongos psilocibios. Según las autoridades, el valor total de la droga incautada asciende a más de un millón de dólares, lo que representa decenas de miles de dosis destinadas a distribución.
Sin embargo, los agentes decidieron seguir la pista hasta llegar al proveedor. En mayo de 2025, identificaron a Miguel Salazar-Zúñiga como el presunto abastecedor de Pemberton. De acuerdo con los investigadores, Salazar-Zúñiga mantenía vínculos directos con un cartel de narcotráfico mexicano.
La ejecución de una nueva orden de cateo en una casa ubicada cerca de las calles 34 y Fort reveló algo aún más alarmante: además del tráfico de drogas, la propiedad funcionaba como centro de explotación laboral. Diez personas —hombres y mujeres de nacionalidad mexicana y colombiana— fueron rescatadas. Las víctimas habían sido obligadas a trabajar en compañías de limpieza y construcción bajo condiciones de servidumbre.
De acuerdo con la cadena de televisión KETV, en el momento del operativo, Salazar-Zúñiga intentó utilizar a su hija de cinco años como escudo humano antes de finalmente entregarse. La menor fue devuelta sana y a salvo a su madre.
Las autoridades señalaron que este tipo de operaciones criminales pueden instalarse en vecindarios sin levantar sospechas. Recomendaron a la población reportar movimientos inusuales, como vehículos con placas de otros estados que llegan a horas irregulares, rotación constante de personas o residentes que evitan cualquier contacto con vecinos.
Las investigaciones continúan, pero ambos sospechosos enfrentan procesos legales avanzados. Pemberton fue sentenciado a 25 años de prisión por conspiración para distribuir drogas, mientras que Salazar-Zúñiga espera sentencia el 16 de diciembre por inducir ingreso ilegal y enfrenta un juicio adicional por un caso de narcóticos.
