Chicago (IL), 12 oct (ELINFORMADORUSA/EFE News).-
Activistas proinmigrantes que confían en que la Casa Blanca podría tener un nuevo inquilino tras las elecciones han empezado a movilizarse para que un posible gobierno demócrata «no repita errores» y ubique la reforma migratoria en un lugar prioritario de su agenda.
«Somos demócratas, hemos estado trabajando arduamente por el cambio en la Casa Blanca y creemos que es bastante probable que logremos desalojar a Donald Trump» tras las elecciones del próximo 3 de noviembre, dijo a Efe Juan José Gutiérrez, director de la Coalición de Derechos Plenos de los Inmigrantes de Los Ángeles.
Según este activista, un gobierno encabezado por Joe Biden podría poner «en el primer lugar de las prioridades» una reforma que ofrezca un camino a la ciudadanía a millones de indocumentados.
Lo mismo opinó la mexicana Elvira Arellano, activista en Chicago del movimiento Familia Unida y de Right 2 Family, para quien la reforma migratoria solamente ha figurado en los discursos de campaña de los candidatos demócratas, pero no en la agenda política.
«Tenemos que ser prioridad», dijo a Efe. «En el primer día de una nueva administración demócrata tiene que aprobarse una orden ejecutiva para detener las deportaciones y separación de familias mientras se legisla en el Congreso un estatus legal definitivo para todos», expresó.
Gutiérrez, Arellano y otros activistas reunidos bajo la coalición «Quiero mi tarjeta de residencia», han organizado actos y caravanas de autos en varios estados para presionar a los candidatos presidenciales.
El primero de ellos se ha realizado este domingo en Los Ángeles, con participantes provenientes de todo el sur de California.
La fecha elegida es el vigésimo sexto aniversario del movimiento contra la proposición 187 de 1994, que buscaba que los inmigrantes indocumentados no tuvieran acceso a la salud y educación en California.
Desde la Municipalidad partió una marcha y caravana detrás de una pancarta gigantesca con la consigna «Derechos plenos para los inmigrantes».
«En el 2008 pusimos toda la carne en el asador apoyando a Barack Obama y Joe Biden, que nos prometieron una reforma migratoria que nunca se concretó, a pesar de tener mayoría en el Congreso», dijo Gutiérrez, para quien una nueva administración demócrata no puede darse el lujo cometer ese «error» nuevamente.
«Que no nos salgan con otro domingo siete después de las elecciones», pidió.
La campaña continuará el lunes en Chicago, donde habrá una protesta en la plaza Tenochtitlán, en el vecindario hispano de Pilsen, tras lo cual se prevén actos similares los próximos días en ciudades como Arizona, Texas, Nueva York y Washington.
«Nuestra alianza está creciendo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados», dijo Arellano, que estuvo en Los Ángeles recientemente para el anuncio de las movilizaciones.
La activista de origen mexicano se convirtió en la abanderada de la lucha por los indocumentados, tras ser detenida en 2006 con documentos falsos y resistir la orden de deportación durante un año refugiada en una iglesia de Chicago.
Tras abandonar el refugio en 2007, viajó a Los Ángeles, donde fue detenida y deportada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Siete años después logró regresar a Estados Unidos con una visa humanitaria y ahora aguarda el resultado de su pedido de asilo.
«Soy una trabajadora esencial, merezco vivir con residencia permanente en este país», dijo Arellano, quien tiene dos hijos, uno de ellos ciudadano que votará por primera vez el próximo 3 de noviembre.
En el acto de Chicago, participará el congresista demócrata por Illinois Bobby Rush, para anunciar la presentación el martes en el Congreso de un proyecto a favor de los «soñadores» y sus padres, denominado «American Right 2 Family».
Además de proteger de la deportación a los jóvenes que hayan llegado al país antes de los 16 años, que es lo que permite la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y otorgarles permiso de trabajo, el proyecto propone beneficios a sus padres y el regreso al país de los «soñadores», como se conoce a los beneficiarios del programa federal, que hayan sido deportados.
Obama también creó en 2014 una Acción Diferida para unos cinco millones de padres de niños ciudadanos y residentes permanentes, pero la medida fue frenada por un Tribunal en Texas y nunca logró ser implementada.
