GRAND RAPIDS, MI (ELINF).-Por Edgar Castro/El Informador
Mark Washington autorizó a la Oficina de Supervisión y Responsabilidad Pública emitir una solicitud de propuestas (RFP) en busca de una agencia líder para implementar un programa de intervención y reducción de la violencia basado en evidencia recolectada por la comunidad. La agencia se asociará con la Ciudad coordinando e implementando un programa basado en los modelos Cure Violence, Operation Cease Fire, Advance Peace, NOLA For Life o un modelo con métodos y resultados similares.
La RFP busca candidatos calificados que adopten un enfoque basado en la evidencia y centrado en la comunidad para la reducción de la violencia armada, que tengan fuertes lazos comunitarios y la capacidad de atraer y administrar diversas fuentes de financiamiento. La Ciudad de Grand Rapids se ha comprometido a una contribución inicial de al menos $ 75,000 anuales durante tres años, lo que resulta en una inversión total de $ 225,000. La implementación exitosa de este programa resultará en una disminución significativa de incidentes violentos que incluyen, entre otros, homicidios.
Una comparación anual hasta la fecha de 2020 con 2019 revela que la ciudad ha visto un aumento del 5.4% en robos, un aumento del 7.5% en robos, un aumento del 21.7% en asaltos agravados y un aumento del 92.9% en homicidios.
“En nuestro plan estratégico, nos comprometemos a hacer de Grand Rapids un lugar donde todas las personas ‘se sientan seguras y estén seguras en todo momento’”, resaltó Brandon Davis, director de supervisión y responsabilidad. «Un programa de intervención y reducción de la violencia basado en la evidencia será una estrategia adicional de seguridad comunitaria que nos ayudará a alcanzar ese objetivo», resaltó.
Davis explicó que la RFP busca solicitantes que tengan una presencia demostrada en los vecindarios de Grand Rapids. La agencia utilizará individuos que tengan influencia sobre aquellos que están en mayor riesgo de cometer tiroteos o perpetuar otros actos violentos al construir relaciones de confianza con los impulsores de la violencia en la comunidad, debido a sus propias experiencias vividas. Entre las características más importantes que se busca se destacan:
- Implementar, supervisar y facilitar completamente el programa comunitario de reducción del crimen.
- Desarrollar un plan de sostenibilidad de la financiación
- Anuncie, reclute, investigue y contrate interruptores de violencia, trabajadores de extensión y supervisores de confianza.
- Realice eventos comunitarios para promover el programa, cultivar la aceptación de la comunidad, cambiar las normas y brindar educación sobre la no violencia.
- Analizar todos los tiroteos para determinar las causas, prevenir actos violentos de represalia, explicar por qué no se evitó el tiroteo y detallar qué puede mejorar el sitio del programa para prevenir tiroteos en el futuro.
- Proporcionar actualizaciones periódicas a la Ciudad, por y a través de la Oficina de Supervisión y Responsabilidad Pública, con respecto al progreso, implementación y resultados del programa.
“He sido partidario de los modelos de reducción del crimen comunitario basados en evidencia y he visto cómo han tenido un impacto positivo en varias comunidades en todo el país”, dijo el jefe de policía Eric Payne. “Estoy a favor de traer un programa de este tipo aquí a Grand Rapids. Esta y otras estrategias policiales orientadas a la comunidad y de prevención del delito descritas en nuestro plan ayudarán a fomentar un entendimiento mutuo, legitimidad y confianza entre la comunidad y su departamento de policía”, dijo.
Las propuestas deben presentarse antes del 15 de enero. Un equipo de evaluación presidido por el Director de la Oficina de Supervisión y Responsabilidad Pública revisará las propuestas y recomendará una agencia líder al Administrador de la Ciudad para su aprobación por la Comisión de la Ciudad. La adjudicación del contrato está prevista para finales de febrero. Este esfuerzo promoverá la implementación de los planes estratégicos del Departamento de Policía de Grand Rapids y de la Oficina de Supervisión y Responsabilidad Pública.
