Por Lee Marvin Abogado de Inmigración
Después de su segundo mes en el cargo, la administración Biden está comenzando a acelerar el paso con la tarea de anular una serie de cambios hechos en la política de inmigración del presidente Trump. El 24 de febrero, el presidente Biden levantó parcialmente la prohibición de Trump durante la pandemia que impedía a los extranjeros con tarjetas de residencia el poder mudarse a los Estados Unidos con su nueva residencia. Trump promulgó la prohibición por primera vez en abril pasado cuando COVID-19 comenzó a convertirse en una seria preocupación. La prohibición estaba programada para vencerse a fines de este mes, pero la orden de Biden la revocó un mes antes.
Aunque los familiares de ciudadanos estadounidenses y titulares de tarjetas de residencia ahora podrán emigrar a los EE. UU., aún estarán limitados por la capacidad del gobierno para realizar entrevistas en países de todo el mundo que todavía están paralizados por la pandemia. Entonces, aunque esto suena como una muy buena noticia, aún será difícil para los solicitantes ingresar a los Estados Unidos en un futuro cercano.
El 22 de febrero, la Corte Suprema acordó tomar un caso presentado por varios grupos y funcionarios estatales que desafían la regla que dificulta que los inmigrantes obtengan un estatus legal si usan beneficios públicos (como Medicaid, cupones de alimentos y vales de vivienda). El caso cuestiona la regla de carga pública que se emitió en agosto del 2019 y entró en vigor en febrero pasado. Aunque las reglas de carga pública han estado en vigencia desde 1882, la administración Trump amplió los otros beneficios que se incluían en la regla y promulgó varios otros requisitos nuevos, como la cobertura médica obligatoria y tener un historial de crédito positivo.
Quienes se oponen a la regla dicen que penaliza a los inmigrantes que dependen de la asistencia temporal del gobierno y tuvo el efecto de evitar que busquen otra ayuda, como asistencia médica o ayuda para sus hijos, por temor a dejar de ser elegibles para la residencia permanente legal y el riesgo de deportación. Les mantendremos informados de los resultados de esta demanda.
Por otra parte, la nueva administración de ICE bajo Biden finalmente publicó un memorando el 25 de febrero estableciendo las prioridades de deportación de su agencia. El memorando explica los motivos por los cuales las personas pueden ser deportadas dentro de los próximos 90 días y explica que los oficiales necesitarán la aprobación previa de un gerente antes de intentar deportar a cualquier persona que no haya cruzado recientemente la frontera, un individuo que sea una amenaza a la seguridad nacional o un delincuente criminal con una condena por un delito agravado (en inglés, aggravated felony). Se espera que estas prioridades más limitadas resulten en una fuerte caída en los arrestos y deportaciones de inmigrantes en todo el país.
Este memorando fue fuertemente criticado por los miembros de los comités de Supervisión y Judicial de la Cámara debido a las “serias preocupaciones” que planteará a la seguridad pública de la comunidad. También fue criticado porque las prioridades despojan a los oficiales de ICE de su importante juicio individual y discreción y permitirán que los delincuentes con condenas por peligrosos DUI o delitos graves permanezcan en nuestras comunidades y el país. Los funcionarios de la administración de Biden dijeron que las nuevas reglas no excusan a nadie de la imposición de la ley o de la deportación, sino que brindan instrucciones a los oficiales de ICE sobre cómo seguir adelante. Estas nuevas reglas también podrían aumentar en gran medida la cantidad de tiempo que los detenidos estarán encarcelados en espera de la orientación burocrática de los altos directivos de la agencia.
Como seguimiento al desafío legal de la detención de deportaciones por los primeros 100 días de presidencia de Biden, el 22 de febrero, un juez federal prohibió indefinidamente a la administración de Biden hacer cumplir la pausa planificada. El juez de distrito estadounidense Drew Tipton emitió una orden judicial preliminar solicitada por Texas, que argumentó que el plan del presidente Biden violaba la ley federal y corría el riesgo de imponer costos adicionales a su estado y a otros. El juez inicialmente emitió una orden de restricción temporal deteniendo la orden del 26 de enero, pero esa orden estaba programada para expirar el 22 de febrero. No está claro si la administración de Biden apelará el último fallo ya que el Departamento de Justicia no intentó bloquear la orden anterior.
Como siempre, si tiene alguna pregunta sobre los últimos cambios de inmigración, por favor llámanos o envíenos un mensaje de texto al 616-805-3435.
Lee L. Marvin es un abogado especializado en asuntos de inmigración y casos criminales.
