Por Joel Morales
El Informador
CONDADO DE KENT
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El bufete de abogados Avanti Law Group, PLLC, ha levantado una demanda en contra del Departamento del Alguacil del Condado de Kent, por lo que dice fue un encarcelamiento ilegal de un hombre mexicano.
De acuerdo con los abogados Robert Álvarez y Meghan Moore, de Avanti, ubicados en el 600 de la Calle 28 SW en Wyoming, quienes están representando a Juan José Romero Lara, de 32 años de edad, residente de Wyoming y originario de México, fue arrestado el pasado jueves, 17 de agosto, y luego fue presentado frente al juez Steven Timmers el próximo día, quien ordenó fuera liberado bajo una fianza personal, en la que la persona promete aparecer en corte.
“El juez le dijo que estaría libre en un par de horas, pero ICE luego contactó al departamento del alguacil y les dijo que lo detuvieran”, le dijeron los abogados a El Informador durante una entrevista el miércoles, 23 de agosto. “En lugar de salir de la cárcel en par de horas, estuvo detenido hasta el lunes, 21 de agosto cuando agentes de ICE fueron a recogerlo en la Cárcel del Condado de Kent. Esto es encarcelamiento falso y en violación de los derechos de las Enmiendas 4 y 5 de la Constitución de Estados Unidos”, agregaron.
La abogada Moore dijo que la práctica de cooperar con ICE es algo que el Departamento del Alguacil ha estado haciendo por años, y cuando le preguntamos si ese era el caso, por qué había tomado tanto tiempo para levantar una demanda contra el mismo. Ella dijo porque era la primera vez que una persona había estado de acuerdo en demandarlo.
Álvarez dijo que, al demandar al departamento del alguacil, buscan lograr que el Condado de Kent pare de honrar las peticiones de ICE y de detener a los inmigrantes, también que le resuelven de manera financiera a todas las personas que ha detenido ilegalmente en el pasado.
El abogado le dijo a este reportero que, en el estado de Florida, un hombre recibió $100,000 por haber sido detenido de manera ilegal por tres días.
“Una petición por ICE para aguantar a una persona en la cárcel mientras que puedan llegar para recogerla, no le da la autoridad al Condado de Kent para hacerlo, especialmente después que la persona ha cumplido con su fianza”, dijo el abogado Álvarez.
El abogado hispano parece tener el apoyo del concilio de la ciudad de Clarkston, Georgia, que en mayo del presente año aprobaron una pólitica que le prohíbe a ICE arrestar a personas allí, con una “petición para detención” (detainer request en inglés).
La ciudad de Clarkston dijo que, en el futuro, ICE tendrá que conseguir una orden de arresto judicial y demostrar causa probable, que autorice el arresto y detención de una persona.
Los abogados dijeron que Romero Lara no tiene un récord criminal, y que, si no hubiera sido detenido ilegalmente y quien ahora se encuentra en el centro de detención de inmigración en la ciudad de Battle Creek, podría seguir asistiendo a su trabajo, vivido su vida normal con su familia.
“Esto está impactando a una gran cantidad de personas, por lo que vemos, en las cárceles, y por el número de individuos deportados falsamente”, dijo la abogada Moore. “Esta demanda va servir de mucho beneficio para la comunidad inmigrante del Oeste de Michigan”, agregó.
Solo en el 2015, 2,000 personas fueron detenidas con ICE después de comunicarse con las autoridades locales. Si usted cree que fue detenido ilegalmente por el Departamento de Inmigración (ICE), comuníquese con Avanti para ver si se pueden unir a la demanda.
Este reportero llamó a la oficina del Sheriff Larry Stelma, del Departamento del Alguacil del Condado de Kent, para hablar con el alguacil o un representante y conseguir su respuesta a la demanda y un oficial allí nos puso en espera. Cuando regresó al teléfono nos dijo que alguien en la oficina la había dirigido a decirnos que nos comunicáramos con la Oficina del Abogado General de Estados Unidos, Jeff Sessions, para un comentario.
También nos comunicamos con la oficina del portavoz de ICE en Detroit y recibimos una máquina de mensaje informando que estaba afuera y que llamáramos a otro número de teléfono. Cuando lo llamamos, el integrante de la oficina de asuntos públicos nos dijo que no estaba enterado de la demanda pero que se comunicaría con nuestra redacción tan pronto consiguiera información sobre la misma. Al cierre de esta edición, aun no habíamos recibido su llamada.
