Los Ángeles, 17 jul (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).-
rganizaciones defensoras de los inmigrantes presentaron este martes una demanda para bloquear la nueva normativa que impide se otorgue a inmigrantes asilo político sin haberlo solicitado antes en un «tercer país seguro».
El mismo día en que la orden entró en efecto, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Southern Poverty Law Center (SPLC), y Center for Constitutional Rights (CCR) presentaron la demanda en un tribunal federal de San Francisco bajo el argumento de que la medida viola el marco legal sobre la concesión de asilo en Estados Unidos y a nivel internacional.
El subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, Lee Gelernt, calificó la medida, presentada por el Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional, como «el intento más extremo de la administración Trump por establecer una prohibición al asilo político», según recoge un comunicado de la organización.
El lunes, el Gobierno del presidente Donald Trump anunció que comenzaría a rechazar las peticiones de asilo de extranjeros que en su camino a EE.UU. hayan pasado por un tercer «país seguro» y no realicen la solicitud en esos países primero, una medida calificada de «arbitraria y caprichosa» por los demandantes.
La nueva política se aplica específicamente a la frontera de Estados Unidos con México, y también a inmigrantes menores no acompañados que atraviesen la frontera y entren al país.
«Esta normativa también sirve para proyectar el rechazo del gobierno al consenso fundamental e internacional de posguerra de que los derechos humanos son importantes. Esta demanda busca reivindicar el valor de esos derechos», dijo en un comunicado Baher Azmy, director legal de CCR.
Por su parte, Melissa Crow, abogada de SPLC, aseguró que «la implacable guerra de este gobierno contra los solicitantes de asilo es despreciable».
El Gobierno Trump implementó la medida días después de que tres líderes demócratas le pidieran al Ejecutivo que desistiera de sus planes de llegar a acuerdos con Guatemala y México para considerarlos como «terceros países seguros».
Bennie Thompson, Eliot Engel y Jerrold Nadler, que presiden los comités de Seguridad Nacional, de Asuntos Exteriores y Judicial, respectivamente, de la Cámara baja aseguraron que, de acuerdo a Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), «el presidente carece de autoridad legal para proceder con estas negociaciones».
«La nueva orden solo empeoraría esta situación, mientras que pone en peligro la seguridad de innumerables emigrantes que huyen de la persecución», dijo Crow.
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