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Los Ángeles, 21 mar (ELINFROMADORUSA/EFEUSA).- Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) logran burlar las leyes «santuario» que protegen a los inmigrantes indocumentados gracias a la colaboración «informal» con autoridades locales.
Ante las denuncias sobre esta colaboración, activistas y abogados alrededor del país hacen un llamado a indocumentados, residentes de estas zonas, a no bajar la guardia y estar atentos a los operativos.
La alarma ha llegado incluso en estados santuario como California, donde se libra una batalla legal contra la administración del presidente Donald Trump para defender las leyes que limitan la cooperación entre policías y alguaciles locales con ICE en esta materia que es de competencia federal.
Hamid Yazdan Panah, director regional de la Red Rápida De Respuesta del Norte de California (NCRRIDN), dice a Efe que sus esfuerzos se han enfocado en el condado de Marin, una zona acaudalada al norte de San Francisco.
«Después de más de un año de la aplicación de la ley santuario en California continuamos recibiendo denuncias de que ICE ha estado esperando a los inmigrantes en la parte trasera de la cárcel de este condado», explica Panah.
Aunque el Jefe del Departamento del Alguacil del Condado de Marín, Robert Doyle, asegura que ha implantado cambios para respetar la ley «santuario» que entró en vigor en enero de 2018, el departamento hace pública la información del día y la hora que serán liberados los prisioneros.
En el sur del Estado Dorado la colaboración habría sido catalogada como «amigable» y, según un reporte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), un detective del condado de Orange ayudó al ICE a rastrear las placas de automóviles de personas de interés.
La colaboración «informal» entre las autoridades llegó incluso hasta las cortes locales, asegura a Efe el abogado de inmigración Alex Gálvez para intentar lograr entender la detención de uno de sus clientes.
De acuerdo al jurista, el migrante mexicano se presentó en una corte local del condado de Los Ángeles y la juez encargada de su caso le dijo que regresara después del almuerzo.
«Cuando llegó al estacionamiento con sus dos hijas se encontró con la ‘migra’. Es imposible que supieran dónde estaba él sin que alguien no lo hubiera vendido», subraya.
La situación es similar en Chicago, que tiene vigente la ordenanza «Welcome City» que restringe la colaboración de la Policía local con ICE.
Galvez admite que hasta el momento la balanza la está inclinando ICE a su favor y que cada día más las autoridades migratorias adoptan diferentes estrategias para lidiar con los «santuarios de inmigrantes» y cumplir con la política de cero tolerancia marcada por el Gobierno Trump.
Los defensores de los inmigrantes destacan que ICE usa a los adeptos que tiene entre las autoridades locales para cumplir con su tarea.
Entre los escándalos descubiertos este año está el de Bernalillo, el condado más grande de Nuevo México, donde el personal de la cárcel estaba desobedeciendo la política «santuario» al permitir que los oficiales de ICE usaran su base de datos y se les informaba de cuándo se liberaba a una «persona de interés».
Incluso se le permitió a los agentes del ICE ingresar a las áreas privadas de la cárcel y usar las computadoras para buscar nombres, lugares de nacimiento y direcciones.
Esta táctica sería la que los agentes de inmigración usaron contra la activista Marú Mora Villalpando.
Aunque ICE no podía tener a sus datos, la pusieron en un proceso de deportación y le enviaron la comunicación a su casa.
«Como obtuvieron mis datos, eso solo lo pudieron hacer si alguien de las autoridades locales les ayudó», sostiene.
La situación no es muy diferente en Chicago, que tiene vigente la ordenanza «Welcome City» en la que restringe la colaboración de la policía de esa ciudad con ICE.
Sin embargo, la activista Rosi Carrasco, vocera de la Comunidades Organizadas en Contra de las Deportaciones (OCAD), considera que la cooperación sigue existiendo a pesar de las limitaciones.
«Hemos tenido denuncias de arrestos que ICE ha hecho por colaboración de las autoridades locales cuando no tenían por qué compartir información, y por una simple infracción de tránsito terminaron en un proceso de deportación», resalta.
En medio de la alerta generalizada, Panah recomienda a los indocumentados detenidos por autoridades locales que consulten con un abogado de inmigración antes de salir de la cárcel.
Por su parte Gálvez aconseja que los indocumentados con acusaciones en cortes locales se planteen la posibilidad de enviar a un abogado criminal a la corte en su representación.
El abogado resalta que la decisión de este martes de la Corte Suprema de autorizar a agentes de inmigración a detener a inmigrantes con antecedentes penales en cualquier momento y que los retengan indefinidamente hasta su deportación agrava el panorama.
«El ‘santuario’ se puede convertir en una promesa vacía», augura Gálvez.
