Denver (CO), 15 feb (EFE News)
La pandemia de covid-19 y el consiguiente desempleo causaron que varios estados implementasen medidas para reducir, postergar o cancelar los desalojos de inquilinos que rentan viviendas, incluyendo la traducción de contratos al español para evitar malentendidos. Pero las leyes de “Solo inglés” limitan esas iniciativas.
Por ejemplo, este lunes Paul Smith, presidente de la Asociación de Apartamentos de Utah (donde el inglés fue aprobado como idioma oficial en 2000), se negó a aceptar la recomendación de un comité estatal de traducir al español, vietnamita y árabe los contratos de alquiler y las notificaciones de desalojo.
En 2017, según datos de la Oficina del Censo, Utah se convirtió en el segundo estado (después de Wyoming) con el mayor crecimiento porcentual de personas que no hablan inglés en sus hogares (20 % de aumento desde 2010, contra 25 % en Wyoming).
Por eso, en el marco de la pandemia, la legislatura de Utah convocó a expertos en vivienda, abogados, profesores universitarios y dirigentes comunitarios para que, en conjunto, propusiesen diversas formas de evitar los desalojos. Una de las conclusiones fue que las traducciones certificadas de contratos de alquiler deberían incluirse en esa lista.
Pero Smith indicó que su organización rechazaría esa propuesta dado que, por la ley de “Solo inglés” en Utah, las traducciones carecen de valor legal. Además, dijo, los contratos “ya son suficientemente difíciles de ser entendidos (en inglés)” como para ser traducidos.
Asimismo, sostuvo Smith, los miembros de su organización no desalojan a personas por el idioma que hablan sino por no cumplir con sus contratos. “Tratamos de la misma manera a cualquiera que no paga la renta”, afirmó.
En septiembre de 2016 el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, en inglés) dictaminó que los inquilinos con inglés limitado “no constituyen una clase protegida per se”, aunque la Ley de Viviendas Equitativas los protege, no por no hablar inglés sino por su nacionalidad o su etnicidad o raza.
El HUD estima que unos 25 millones de inquilinos en Estados Unidos no hablan inglés como primer idioma, incluyendo unos 16 millones de hispanoparlantes, con cantidades significativamente menores de inquilinos que hablan chino (mandarín) y vietnamita.
Sin embargo, las reglas del HUD no incluyen las traducciones. Por eso, algunos estados han aprobado sus propias leyes. En Nueva York, la asambleísta Latoya Joyner obtuvo en julio pasado la aprobación de una ley que exige que los contratos de alquiler sean presentados en inglés y en español o, dado el caso, en otros seis idiomas comunes en esa entidad.
En otros casos, como en el de Nueva Hampshire, grupos comunitarios (Proyecto Granito, Servicios para Refugiados Triunfadores) y agencias del gobierno (Departamento de Salud y Servicios Humanos) comenzaron desde mediados del año pasado a colaborar en la traducción de contratos de alquiler.
En Utah, según la División de Asuntos Multiculturales local, 80 % de las personas afectadas por desalojos pertenecen a minorías. Y 71 % de los latinos no saben si podrán pagar la renta el próximo mes.
A pesar de esas cifras, Smith, de la Asociación de Apartamentos, se mantiene firme en su postura, considerando que ofrecer información en español para los inquilinos sería “malo y costoso para los propietarios” debido a que “en otros idiomas las palabras tienen otros significados”, con potenciales consecuencias legales si la disputa llegase ante un juez.
En la actualidad, 28 estados tienen leyes vigentes de “Solo inglés”, es decir inglés como idioma oficial sin reconocer ninguna otra lengua.
