Por Lee Marvin Abogado de Inmigración
El 31 de agosto de 2020, un tribunal federal detuvo un programa de la Administración Trump que comenzó silenciosamente en la primavera de 2019, donde los agentes de la Patrulla Fronteriza poco entrenados estaban llevando a cabo «entrevistas de miedo creíbles» a los solicitantes de asilo. Estas entrevistas se utilizan en el proceso de asilo para ayudar a determinar si una persona cumple con los requisitos de la primera parte crítica para probar su caso de asilo. El propósito de este tipo de entrevista y la meta del agente es ver si el individuo tiene un miedo legítimo de regresar a su país de origen como resultado de los problemas que están reclamando en sus casos de asilo. Estos agentes no deciden si la solicitud de asilo es legítima, sólo si el temor expresado por los solicitantes de asilo es genuino.
Las entrevistas de miedo creíble son muy difíciles porque deben evaluar la historia individual del solicitante de asilo frente a los cambios actuales y recientes en la ley de inmigración, así como las decisiones de la agencia aplicables, las decisiones judiciales y el derecho internacional. Estos agentes de la Patrulla Fronteriza no sólo no estaban siendo educados lo suficiente como para poder llevar a cabo estas entrevistas sensibles y difíciles, sino que tampoco pudieron cumplir con el requisito legal de las entrevistas de ser llevado a cabo de manera no desafiante.
Por su propia naturaleza, todas las interacciones con la Patrulla Fronteriza son contrarias dado a que su papel es el de un oficial de la ley, no un burócrata que procesa documentos. Mediante el uso de agentes de la Patrulla Fronteriza, parece que la intención de la administración ha sido tomar decisiones rápidas para negar y detener un proceso de asilo antes de que realmente comience. Ponerle fin a este procedimiento de entrevista injusto y jurídicamente cuestionable es una victoria significativa para los solicitantes de asilo.
Otra pequeña victoria para los inmigrantes se produjo como resultado de una demanda colectiva presentada el 22 de julio contra el Departamento de Seguridad Nacional (por sus siglas en inglés, USCIS) por los retrasos prolongados en la concesión de aprobaciones y la entrega de autorizaciones de trabajo. A finales de agosto, había aproximadamente 45,000 solicitudes a la espera de que se proporcionaran aprobaciones y tarjetas. Se llegó a un acuerdo entre el gobierno y los demandantes de la demanda y un tribunal federal en Ohio le ordenó a USCIS producir las tarjetas dentro del plazo prometido. El acuerdo también proporciono un mecanismo para permitir a los trabajadores trabajar legalmente hasta que los permisos de trabajo puedan ser producidos y enviados a los trabajadores.
Ambas actualizaciones representan una gran noticia para los inmigrantes trabajadores y los solicitantes de asilo, pero es otro recordatorio de que esta administración está encontrando nuevas e injustas maneras de crear obstáculos para aquellos con necesidad genuina de ayuda del gobierno de los Estados Unidos, así como para aquellos que buscan o ya tienen estatus legal en los Estados Unidos.
Lee L. Marvin es un abogado especializado en asuntos de inmigración y casos criminales.
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