Por Lee Marvin Abogado de Inmigración
l 21 de mayo, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (por sus siglas en inglés, CDC) publicó una extensión indefinida a la orden de salud pública existente que permitía a los funcionarios de inmigración rechazar a los migrantes que cruzaban las fronteras de los Estados Unidos (incluidos los menores no acompañados) sin darles acceso al sistema de corte o al sistema de asilo. Esta orden estará en vigor hasta que el gobierno determine que el nuevo coronavirus ya no representa un peligro para el público. Además, la orden que restringía los viajes no esenciales a través de las fronteras de México y Canadá también se extendió en ese momento por 30 días adicionales.
La administración dijo que esta ley de emergencia es fundamental para garantizar la seguridad de los trabajadores de primera línea en la frontera y en los hospitales locales contra un brote de migrantes que cruzan la frontera y tratan de permanecer en los Estados Unidos mientras sus casos llegan a un sistema judicial de inmigración excesivamente sobrecargado. Los asesores del presidente han argumentado que algunos de los límites de inmigración deben permanecer en su lugar al menos hasta que una vacuna esté ampliamente disponible en los Estados Unidos y América Latina, que podría estar a más de un año de distancia de acuerdo con los estimados actuales.
Esta pandemia también ha cambiado la forma en que el gobierno está procesando lo que ha sido un problema significativo en la frontera, así como en los centros de detención a lo largo de la frontera y en el sistema judicial de inmigración. Me refiero al tratamiento de los niños menores no acompañados que entran en los Estados Unidos. Hace aproximadamente un año, escuchamos muchas noticias de menores que fueron detenidos durante períodos de tiempo más largos de lo permitido por la ley y como resultado de una demanda colectiva se impedía que los niños fueran retirados de centros de detención y de sus padres. Actualmente, la pandemia ha creado una situación en la que los niños no pueden entrar ni permanecer más de unas horas antes de ser retirados sin acceso al sistema judicial.
Muchos critican a la administración Trump diciendo que esta crisis de salud pública está siendo utilizada como una herramienta para reducir tanto la inmigración legal como ilegal con la excusa de prevenir la propagación del virus. Desde que comenzó la pandemia, el gobierno ha desarrollado nuevas reglas que limitan las solicitudes de visa para todas las categorías de visas, ha suspendido casi todas las entrevistas de visa en todo el mundo, y ha cerrado la mayoría del sistema de tribunales de inmigración cortando la vía principal para que los solicitantes de asilo permanezcan en los Estados Unidos.
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Lee L. Marvin es un abogado especializado en asuntos de inmigración y casos criminales.