Por Héctor Loya/ El Informador
WASHINGTON, DC.-
a Corte Suprema de los Estados Unidos ha permitido que el gobierno del presidente Donald Trump pueda llevar a cabo la regla de “carga pública” con la cual podrá negar a los migrantes recibir la residencia permanente o “Green Card”.
Los hechos ocurrieron el lunes 27 de enero cuando el Tribunal Supremo dio luz verde al Gobierno para que aplique la norma con la que puede rechazar los permisos de residencia a migrantes que reciban beneficios públicos.
Con una votación de 5-4, en la que prevalecieron los magistrados conservadores, se avaló la aplicación de esta norma que se había anunciado en agosto del 2019 y debía entrar en vigor en octubre, pero fue bloqueada por las cortes del distrito de Nueva York, California, Washington, Illinois y Maryland.
«Hoy, el Tribunal otorga una suspensión, lo que le permite al Gobierno seguir, por ahora, su política en todas partes, salvo Illinois», señaló la decisión del Supremo.
En el mes de diciembre dos tribunales de apelaciones desestimaron en decisiones separadas los fallos de las cortes de California, Washington y Maryland en contra de la normativa promovida por la Administración de Donald Trump.
La polémica norma establece que un migrante legal será definido como «carga pública» si recibe «uno o más beneficios públicos designados» durante más de 12 meses en un periodo de tres años. Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos en Estados Unidos, entre otros.
La medida de «carga pública» apunta además a reducir la cantidad de migrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de «Green Card» o de algunos visados.
Así, las autoridades podrán determinar si el migrante puede convertirse en un momento dado o se ha convertido en una «carga pública» para la Administración; es decir, si «depende principalmente» de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus migratorio legal.
De este modo, una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación en el país en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas públicas. La medida no afecta a los refugiados, asilados, víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en Estados Unidos.
Con la aprobación de esta norma todo inmigrante que desee solicitar la residencia permanente deberá demostrar ante la federación que no es una carga pública para el país, si alguno de ellos no puede comprobar esta información les podrían negar la residencia.
Según los datos presentados alrededor de 544,000 personas solicitan permisos de residencia al año. Según el gobierno, 382,000 están en categorías que los harán sujetos a las nuevas revisiones.
