Por Héctor Loya/TEXAS
La policía de Texas podría empezar pronto a aplicar las leyes de inmigración, y los jueces estatales podrían ordenar a los inmigrantes indocumentados regresar a México, bajo un proyecto de ley de seguridad fronteriza que ya fue remitido al gobernador Greg Abbott para su firma.
Se trata del Proyecto de Ley 4 del Senado, la cual es una propuesta sobre seguridad fronteriza presentada por el representante republicano David Spiller de Jacksboro, y la cual fue aprobada por 83-61 votos.
También el Proyecto de Ley 3 del Senado, que asigna más recursos para la construcción del muro fronterizo, el cual fue aprobado por 84-59 votos.
Dichos proyectos fueron aprobados después de horas de debate el martes 14 de noviembre en la Cámara de Representantes y los cuales solo esperan la firma del gobernador del estado texano.
La SB4 es una ley que obliga a los gobiernos locales y agencias de ley a realizar el trabajo de agentes de inmigración. Autoriza a autoridades locales a detener o arrestar a cualquier persona y cuestionarla sobre su estatus migratorio, y penaliza a las ciudades santuario del estado que se rehúsan a cooperar con las políticas anti inmigrantes de la Casa Blanca.
Esta ley convierte en delito menor el cruce indocumentado de la frontera y exige a la justicia estatal ordenar el regreso de los extranjeros a suelo mexicano en lugar de que sean procesados en Estados Unidos.
Si el extranjero no cumple con la orden del juez o tiene antecedentes criminales el cargo se convierte en delito grave, que conlleva una condena máxima de 20 años de prisión.
Por su parte la ley SB 3 asignaría 1.540 millones de dólares para construir barreras fronterizas y otorgaría fondos a las fuerzas policiales para cuidar la frontera y los asentamientos de inmigrantes.
Defensores de los inmigrantes y congresistas estadounidenses condenaron la aprobación de estas dos leyes estatales de Texas.
Oni K. Blair, directora de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en Texas, dijo en un comunicado que la SB 4 “está completamente desconectada de nuestros valores y de quiénes aspiramos a ser como texanos”.
Advirtió que la SB 4 anula la ley federal de inmigración, fomenta la discriminación y el acoso racial y otorga a los funcionarios estatales la capacidad inconstitucional de deportar a personas sin el debido proceso, independientemente de si son elegibles para solicitar asilo u otras protecciones humanitarias.
El rechazo a las leyes llegó hasta el Congreso estadounidense, donde el representante demócrata Joaquín Castro dijo en una rueda de prensa que las leyes ponen en la mira de la policía a cualquier persona que hable español u otro idioma.
El congresista también advirtió que las leyes «dañarán» las relaciones con México, el socio económico más importante de Estados Unidos.
En tanto el Gobierno de México rechazó rotundamente la legislación aprobada en Texas. La Cancillería mexicana difundió un comunicado en el que señaló que la ley SB4 implica una criminalización de la población migrante y resultará en la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales.
“El Gobierno de México reconoce el derecho soberano de cualquier país de decidir las políticas públicas que deben ejecutarse en su territorio. No obstante, respetuosamente externa su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos, así como el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio. En ese sentido, el Gobierno de México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”, dijo la institución.
