Miami (EFE)
Los estudiantes indocumentados de Virginia podrán pagar tarifas universitarias reducidas después de que el viernes el gobernador del estado, Ralph Northam, firmase un paquete de 80 leyes que incluía este beneficio, informan este sábado medios locales. El Proyecto de Ley 2123 de la Cámara de Representates estatal, patrocinado por Alfonso López, y el Proyecto de Ley del Senado 1387, patrocinado por la senadora Jennifer Boysko, hacen que cualquier estudiante sea elegible para ayuda financiera estatal si es elegible para matrícula estatal, independientemente de su ciudadanía o estado migratorio.
Esta ley entrará en vigor el 1 de agosto de 2022, informó la oficina del gobernador. La medida establece que las instituciones públicas de educación superior deben conceder los «mismos beneficios educativos», incluidos los programas de asistencia financiera, a los estudiantes que cumplan con los criterios para ser considerados elegibles para la matrícula estatal sin importar su estatus migratorio. Los criterios son que los estudiantes deben asistir a una escuela secundaria del estado durante al menos dos años y que al menos uno de los padres o tutor legal tiene que haber pagado impuestos durante el mismo periodo de tiempo.
Esta medida llega después de que el pasado 1 de enero entrase en vigor una ley que permite que los inmigrantes indocumentados que residen en el estado obtengan licencias de manejar vehículos. La legislación sobre licencias de conducir para los indocumentados y la extensión a los migrantes indocumentados de las matrículas reducidas que las universidades estatales cobran a los residentes en el estado avanzaron en la Legislatura de Virginia desde comienzos de 2019 cuando los demócratas, por primera vez en medio siglo, asumieron el control de ambas cámaras.
Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, 17 estados y el Distrito de Columbia ofrecen matrícula estatal a estudiantes inmigrantes no autorizados por acción legislativa (California, Colorado, Connecticut, Florida, Illinois, Kansas, Maryland, Minesota, Nebraska, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Texas, Utah, Virginia y Washington). A los que hay que sumar, con medidas similares, al menos siete sistemas universitarios estatales en Hawai Kentucky, Maine, Michigan, Ohio, Oklahoma y Rhode Island.
