Por Lee Marvin Abogado de Inmigración
La administración Biden ha continuado haciendo revisiones a los muchos cambios de la era Trump que han dominado el panorama migratorio durante los últimos años. Una de las nuevas reglas más publicitadas bajo Trump que casi han desaparecido son las reglas de carga pública. Aunque no sabemos cuándo terminarán oficialmente las reglas de carga pública, el Departamento de Seguridad Nacional (por sus siglas en inglés, DHS) emitió oficialmente una declaración de que el gobierno ya no defenderá el ataque legal a la legalidad de la regla de cargos públicos del 2019 que la administración anterior había estado defendiendo antes del cambio de poder. Este es un primer paso en el delicado proceso para eliminar la carga pública por completo.
El 9 de marzo, el presidente Biden emitió una Orden Ejecutiva para una revisión inmediata sobre la aplicación de las reglas y cómo afectan la inadmisibilidad o la deportación de un inmigrante. Esta revisión se realizará en coordinación con la nueva dirección de los Departamentos de Justicia y Estado. Por lo tanto, es sólo una cuestión burocrática de tiempo hasta que la regla se convierte en un recuerdo no tan agradable. Hasta entonces, todos los solicitantes todavía están obligados a seguir la regla de carga publica y proporcionar la información requerida con todas las nuevas peticiones de residencia.
Un desarrollo positivo para los inmigrantes sin estatus legal salió de una corte federal en California. El 10 de marzo, un juez federal emitió una orden judicial a nivel nacional que prohibía que una regla de la era Trump que aceleró los procedimientos de deportación entrará en vigor. La administración Trump argumentó que la regla aumentaría la eficiencia al facilitar el proceso de deportaciones para inmigrantes sin opciones legales disponibles. El juez consideró que un bloqueo a este procedimiento era en el mejor interés del público porque los procedimientos más rápidos y rígidos robaría a las personas de una posible ayuda humanitaria.
Recientemente en la Corte Suprema, el gobierno de Biden tuvo éxito en desechar varios casos que estaban siendo litigados por la administración Trump contra una serie de «Ciudades Santuario» que estaban violando la ley federal que requiere que la policía local coopere con agentes de inmigración cuando inmigrantes indocumentados estaban a punto de ser liberados de la cárcel. Dado que el Departamento de Justicia ya no hará cumplir la regla, no hay necesidad de que la demanda continúe. Una vez más, este es exactamente el mismo proceso que está ocurriendo para la mayoría de los casos presentados por Trump que todavía están activos en los diversos tribunales federales en todo el país.
El miércoles pasado, el gobierno de Biden notificó a la corte federal en Washington D.C. que planeaba apelar la decisión anterior de la corte que permitía que una serie de restricciones de asilo permanecieran en su lugar. El tribunal había decidido detener el intento de eliminar las nuevas restricciones, una de las cuales dificultaba mucho más las solicitudes de asilo, dándoles sólo 15 días para presentar una petición de asilo en los tribunales en lugar de un (1) año completo que siempre había estado en vigor antes. Esta apelación en uno de los últimos casos activos de Trump que no puede ser fácilmente eliminado por Biden desde que se tomó la decisión antes de que asumiera el cargo. En este punto, una apelación es la única manera de eliminar esta decisión sin tener que tomar el proceso más largo y complicado a través del Congreso.
El revertir muchas de las políticas de inmigración iniciadas bajo la Administración Trump durante los últimos dos años ha creado un lío enredado que se extenderá durante al menos un año o más. Este lío puede empeorar debido al momento de las reformas propuestas por Biden. Con el tiempo todo se normalizará de nuevo, pero hasta ese momento, será muy importante que los inmigrantes se mantengan en contacto con su abogado para poder navegar por el complejo proceso en el que nos encontramos.
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Lee L. Marvin es un abogado especializado en asuntos de inmigración y casos criminales.
