Por Edgar Castro/MICHIGAN
Varios distritos escolares de Michigan han llevado al estado a los tribunales tras la aprobación de un requisito que, según argumentan, los obliga a ceder protecciones legales para poder recibir dinero dirigido a programas de seguridad y bienestar estudiantil. La norma establece que las escuelas deben autorizar investigaciones obligatorias después de cualquier hecho que deje al menos tres personas con heridas graves o fallecidas. Aunque no se limita a tiroteos, este tipo de eventos también entraría en la definición.
Los distritos aseguran que la disposición los presiona, ya que los fondos disponibles representan sumas importantes que resultan necesarias para atender la salud mental y la seguridad de los alumnos. Sin embargo, aceptarlos implicaría renunciar a derechos legales que históricamente han protegido a las instituciones educativas. El abogado encargado del caso expresó que se trata de una elección que considera inaceptable: perder recursos esenciales o entregar garantías constitucionales mediante una renuncia que describe como ambigua y excesiva.
Este conflicto surge en un contexto en el que las comunidades escolares todavía recuerdan los hechos ocurridos en 2021 en la escuela secundaria Oxford, donde varios estudiantes perdieron la vida. Las familias afectadas insisten en que se necesitan investigaciones completas para esclarecer responsabilidades y evitar que tragedias de este tipo se repitan.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Matt Hall, defendió la regla estatal y sostuvo que las escuelas deben cooperar plenamente en cualquier proceso que busque esclarecer eventos graves dentro de sus edificios. Funcionarios del estado evitaron emitir comentarios mientras el litigio sigue activo.
El Tribunal de Reclamaciones decidió prorrogar hasta el 4 de diciembre el plazo para aceptar los fondos y fijó otra audiencia para el 1 de diciembre, por lo que el futuro de la política estatal continúa en manos del sistema judicial.
