Editorial por Luis Molina
Vivimos en sociedades cada vez más complejas, donde el tejido social se ve constantemente desafiado por el crimen, la desigualdad, la violencia y la desconfianza. En este contexto, la existencia de una fuerza policial no es simplemente una herramienta del Estado: es una necesidad fundamental para garantizar el orden, proteger a los ciudadanos y defender los derechos más básicos.
Es cierto que las policías no son instituciones perfectas. En muchos países —incluido el nuestro— han sido señaladas por abusos de poder, corrupción o ineficiencia. Estas críticas son válidas y deben ser atendidas con urgencia, porque no hay justicia verdadera sin una policía que actúe dentro del marco de la ley y con respeto irrestricto por los derechos humanos. Pero tampoco se puede caer en el error de despreciar o deslegitimar por completo su labor.
Sin policías, no habría quién acuda ante una llamada de auxilio. No habría quién investigue un delito, proteja a una víctima de violencia doméstica, intervenga en una emergencia o resguarde a una comunidad vulnerable. En ausencia de una autoridad legítima, lo que se impone no es la paz, sino la ley del más fuerte: el caos, el miedo y la impunidad.
La gente exige una policía capacitada, justa, humana y cercana a la ciudadanía. Pero también debemos reconocer que una sociedad sin cuerpos de seguridad simplemente no es viable. El orden público no se sostiene solo con buenas intenciones: requiere instituciones fuertes, responsables y al servicio del bien común.
Muchas personas solo ven el error que comete un oficial pero no ven más allá de los cientos de delincuentes que estaba en la cárcel incluyendo los que abusan de menos y si no fuera por los policías sería un caos que estas personas estuvieran en las calles.
