Washington, 29 abr (ELINFORMADORUSA/EFE News).-
l presidente, Donald Trump, sugirió este martes que la ayuda financiera para los gobiernos locales afectados por la pandemia del coronavirus puede estar supeditada a temas como las jurisdicciones «santuario», cuyas autoridades se niegan a colaborar con el Gobierno para deportar a los indocumentados.
«Hay una gran diferencia con un estado que perdió dinero a causa del COVID y un estado que ha estado funcionando mal durante 25 años», alegó Trump durante un encuentro con el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSanti, en la Casa Blanca.
En ese contexto, el mandatario indicó que hay que hablar de recortar los impuestos aplicados a los salarios y de cosas como «las ciudades santuario».
«Creo que las ‘ciudades santuario’ es algo que se tiene que mencionar, dónde las personas que son criminales están protegidas», afirmó Trump.
«Ni siquiera creo que ellos sepan que tienen un problema, pero tienen un gran problema con la situación de los ‘santuarios'», añadió.
Ya este lunes, el presidente estadounidense preguntó en su cuenta de Twitter «¿por qué la gente y los contribuyentes de Estados Unidos deberían rescatar a los estados mal administrados (como Illinois, por ejemplo) y las ciudades, en todos los casos operadas y administradas por demócratas, cuando la mayoría de los otros estados no están buscando ayuda de rescate?».
Desde que llegó al poder, Trump ha tratado de poner fin a las jurisdicciones «santuario», como se conoce a más de 200 estados y ciudades de EE.UU. que no colaboran con las autoridades federales en temas migratorios.
En abril del año pasado, el gobernante abrió una polémica después de que afirmara que estaba «considerando en serio» la opción de trasladar a los indocumentados -probablemente en autobús- a las «ciudades santuario», horas después de que el diario The Washington Post informara de que la Casa Blanca había estudiado esa idea meses atrás.
El pasado 26 de febrero, un tribunal de Nueva York autorizó al Gobierno de Trump a retener millones de dólares destinados a agencias del orden en las ciudades y estados que se nieguen a cooperar con su política contra los inmigrantes indocumentados.
La decisión del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, recogida en un documento de 77 páginas, reconoce la autoridad de Departamento de Justicia de EE.UU. para imponer condiciones a estados y localidades para que reciban las subvenciones del programa federal conocido como «Edward Byrne».
