DETROIT MI (ELINF)
La ACLU de Michigan y la ACLU nacional presentaron hoy una demanda federal para obligar a Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y a las cárceles del condado con las que tiene contratos a que divulguen los registros sobre inmigrantes detenidos por ICE en centros de detención locales.
Aunque las leyes estatales de registros públicos exigen a las cárceles del condado que divulguen los registros sobre lo que sucede en sus instalaciones, ICE ha prohibido repetidamente a las cárceles locales, incluidas las de Michigan, que divulguen información relacionada con inmigrantes detenidos en virtud de contratos de detención con ICE.
ICE ha dado instrucciones a las cárceles del condado con las que tiene contratos para que denieguen las solicitudes de registros de la ley estatal si están relacionadas con un inmigrante detenido y, en su lugar, redirijan esas solicitudes a ellos. Pero ICE no posee la mayoría de los registros solicitados creados por el condado y no los produce de conformidad con la Ley de Libertad de Información federal. Esto hace que estos registros de detenidos, vitales para la transparencia sobre las condiciones de confinamiento en estas instalaciones, como los registros de admisión, médicos, disciplinarios y otros generados por las cárceles del condado, sean completamente secretos.
ICE ha logrado este secreto a través de una oscura regulación federal que dice que las instalaciones del condado no deben divulgar registros relacionados con las personas detenidas por autoridades migratorias y, en su lugar, deben permitir que ICE los divulgue a través de la Ley de Libertad de Información federal. Sin embargo, ICE abusa de esta regulación al prohibir a los condados divulgar registros que han creado y mantenido, y que ICE no posee (y probablemente nunca haya visto).
Un objetivo principal de la demanda es evitar que la regulación se utilice para evitar que las entidades estatales y locales, como las cárceles del condado, divulguen registros importantes sobre inmigrantes detenidos que no están en posesión de ICE. Sin estos registros, los proveedores de servicios de inmigración no pueden ayudar adecuadamente a los inmigrantes detenidos, y organizaciones como ACLU no pueden arrojar luz sobre el trato que reciben los inmigrantes tras las rejas.
La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Ramis Wadood, abogado de la ACLU de Michigan, dijo lo siguiente sobre la demanda:
“El escrutinio público de la conducta del gobierno es un sello distintivo de nuestra democracia. Esto es especialmente cierto en el caso de las cárceles, prisiones y centros de detención de inmigrantes, donde los funcionarios del gobierno tienen un control casi total sobre la vida diaria de las personas encarceladas, y donde ejercen ese control tras puertas cerradas, bajo llave y vigiladas. ICE ha estado haciendo un uso indebido de una oscura regulación federal para frustrar el escrutinio al mantener en secreto lo que debería ser información pública. El objetivo de esta demanda es poner fin a esa práctica ilegal y antidemocrática”.
My Khanh Ngo, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, dijo:
“ICE no debería intentar eludir las leyes de transparencia estatales en un intento de protegerse del escrutinio público, en particular a la luz de la larga historia de abusos de la agencia. Con la administración Trump impulsando una agenda de deportaciones y detenciones masivas, ahora es más importante que nunca que sepamos qué sucede dentro de los centros de detención de ICE”.
