Opinión por Héctor Loya
En las últimas semanas, diversas organizaciones de derechos humanos han alertado sobre un repunte en las redadas migratorias llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Aunque se trata de operativos anunciados como parte del cumplimiento rutinario de las leyes migratorias, el impacto en la comunidad latina, particularmente la mexicana, ha sido profundo y preocupante.
Los testimonios recopilados por medios de comunicación los agentes migratorios han intensificado sus operaciones en espacios públicos, zonas laborales e incluso áreas escolares, y si bien ICE ha reiterado que sus esfuerzos se enfocan en personas con antecedentes criminales, en la práctica, muchas detenciones de trabajadores sin historial delictivo, padres de familia con décadas de residencia en el país e incluso jóvenes con protección DACA han sido documentadas por grupos comunitarios y defensores legales.
Hoy, pese al reconocimiento público de la aportación de la comunidad migrante, los métodos de control migratorio siguen reproduciendo patrones de criminalización.
La falta de una reforma integral, prometida por múltiples administraciones, mantiene en la incertidumbre a más de 11 millones de personas indocumentadas. En este vacío legal, ICE ha operado con amplio margen de acción.
Además de la incertidumbre y el temor de quienes pueden ser sujetos a deportar, estas acciones envían un mensaje deliberado: que vivir sin papeles equivale a vivir fuera de la ley, sin derechos ni protección. Este tipo de narrativa alimenta la discriminación y el racismo contra los latinos.
Cabe preguntarse cuál es el objetivo real de estas redadas, ICE argumenta que se trata de la seguridad pública, pero estudios realizados demuestran que las ciudades que limitan la colaboración con ICE no experimentan mayores índices de criminalidad.
Por el contrario, fomentan la confianza comunitaria y una mayor integración social. Si el propósito es disuadir la migración irregular, los flujos migratorios responden a causas que van mucho más allá del miedo a la deportación.
La normalización de redadas masivas no solo afecta a quienes son detenidos, sino que debilita los valores democráticos de inclusión, justicia y respeto a los derechos humanos. La migración no es un delito. Y las políticas públicas deben reflejar esa verdad básica.
En lugar de invertir en estrategias punitivas, se debería canalizar el esfuerzo hacia soluciones estructurales: vías de regularización, acuerdos binacionales que aborden las causas del desplazamiento forzado y políticas laborales que reconozcan la contribución migrante. Mientras eso no ocurra, las redadas seguirán siendo no solo una falla política, sino una profunda injusticia social.
