Al menos 973 menores indígenas estadounidenses murieron en el abusivo sistema de internados del gobierno de Estados Unidos, según los resultados de una investigación dada a conocer el martes por funcionarios que pidieron al gobierno que se disculpe por las escuelas.
La investigación, encargada por la secretaria de Interior, Deb Haaland, encontró tumbas con y sin nombre en 65 de los más de 400 internados estadounidenses creados para asimilar por la fuerza a los niños indígenas a la sociedad blanca. Los hallazgos no especifican cómo murió cada niño, pero las causas de muerte incluyen enfermedades, accidentes y abusos durante un periodo de 150 años que finalizó en 1969, según las autoridades.
Los hallazgos se producen tras una serie de sesiones de escucha celebradas en EE.UU. en los dos últimos años, en las que docenas de antiguos alumnos relataron el trato duro y a menudo degradante que sufrieron mientras estaban separados de sus familias.
«El gobierno federal, facilitado por el Departamento que dirijo, tomó medidas deliberadas y estratégicas a través de las políticas federales de los internados para nativos con el fin de aislar a los menores de sus familias, negarles sus identidades y robarles las lenguas, culturas y conexiones que son fundacionales para los pueblos nativos», dijo Haaland, miembro de la tribu Laguna Pueblo de Nuevo México y primera secretaria del Gabinete para nativos estadounidenses del país, en un comunicado de prensa el martes.
En un informe inicial publicado en 2022, las autoridades estimaron que más de 500 menores murieron en las escuelas. El gobierno federal aprobó leyes y políticas en 1819 para apoyar las escuelas, las últimas de las cuales seguían funcionando en la década de 1960.
Las escuelas daban a los menores indígenas estadounidenses nombres en inglés, los sometían a ejercicios militares y los obligaban a realizar trabajos manuales, como la agricultura, la fabricación de ladrillos y el trabajo en el ferrocarril, según las autoridades.
Los antiguos alumnos compartieron emotivos recuerdos de su experiencia durante las sesiones de escucha celebradas en Oklahoma, Dakota del Sur, Michigan, Arizona, Alaska y otros estados. Hablaron de ser castigados por hablar su lengua materna, de ser encerrados en sótanos y de que les cortaran el pelo para borrar su identidad. A veces eran sometidos a confinamiento solitario, palizas y privación de alimentos. Muchos salían de las escuelas con conocimientos profesionales básicos que les ofrecían escasas perspectivas laborales.
Donovan Archambault, de 85 años, de la reserva de Fort Belknap, en Montana, dijo que le enviaron a internados a partir de los 11 años y que lo maltrataron, lo obligaron a cortarse el pelo y le impidieron hablar su lengua materna. Dijo que bebió mucho antes de dar un giro a su vida más de dos décadas después, y que nunca habló de sus días de internado con sus hijos hasta que escribió un libro sobre la experiencia hace varios años.
«Hace falta una disculpa. Deben disculparse», dijo Archambault a The Associated Press por teléfono el martes. «Pero también tiene que haber una educación más amplia sobre lo que nos pasó. Para mí, forma parte de una historia olvidada».
El nuevo informe no especifica quién debe emitir la disculpa en nombre del gobierno federal, diciendo sólo que debe ser emitida a través de «medios y funcionarios apropiados para demostrar que se hace en nombre del pueblo de los Estados Unidos y estar acompañada de políticas audaces y susceptibles de procesamiento».
Los funcionarios del Departamento de Interior también recomendaron que el gobierno invirtiera en programas que pudieran ayudar a las comunidades de nativos estadounidenses a curarse de los traumas causados por los internados. Eso incluye dinero para la educación, la prevención de la violencia y la revitalización de las lenguas indígenas. El gasto en estos esfuerzos debería ser proporcional a los US$ 23.000 millones de gasto ajustado a la inflación en las escuelas, según los funcionarios de la agencia.
Las escuelas, instituciones similares y programas de asimilación relacionados se financiaron con US$ 23.300 millones de gasto federal ajustado a la inflación, determinaron los funcionarios. Las instituciones religiosas y privadas que dirigían muchas de las instituciones recibieron dinero federal como socios en la campaña para «civilizar» a los estudiantes indígenas, según el nuevo informe.
En 1926, más del 80% de los menores indígenas en edad escolar, unos 60.000 niños, asistían a internados gestionados por el gobierno federal o por organizaciones religiosas, según la National Native American Boarding School Healing Coalition.
El grupo, con sede en Minnesota, ha contabilizado más de 100 internados adicionales no incluidos en la lista del gobierno, dirigidos por iglesias y sin pruebas de apoyo federal.
Los obispos católicos estadounidenses se disculparon en junio por el papel de la Iglesia en el trauma que sufrieron los menores. Y en 2022, el papa Francisco se disculpó por la cooperación de la Iglesia Católica con los internados de Canadá. Afirmó que la asimilación forzada de los pueblos indígenas a la sociedad cristiana destruyó sus culturas, rompió familias y marginó a generaciones.
La legislación pendiente en el Congreso crearía una «Comisión de la Verdad y la Sanación» para documentar y reconocer las injusticias del pasado relacionadas con los internados. La medida está patrocinada en el Senado por la demócrata Elizabeth Warren, de Massachusetts, y respaldada por la republicana Lisa Murkowski, de Alaska.
«Es hora de que el gobierno federal asuma la responsabilidad de sus políticas perjudiciales», dijo Murkowski en el pleno del Senado la semana pasada. «Nuestra Comisión proporcionará un proceso dirigido por nativos para que las comunidades compartan las historias, compartan la verdad y busquen la curación».
