Washington, 8 ene (EFEUSA).- La cancelación del estatus de protección temporal (TPS) a aquellos inmigrantes procedentes de El Salvador amenaza la esperanza de los salvadoreños de lograr un estatus legal permanente en el país y una vía a la ciudadanía.
Aunque el permiso no abría ninguna vía hacia ese fin, la decisión ejecutada hoy por el Gobierno del presidente Donald Trump pone contra las cuerdas cualquier esperanza que perdurara entre los migrantes de lograr una solución permanente a su situación, por la que se han visto forzados a ir renovando la concesión.
«Nos hemos quedado sin palabras y nadie dice qué nos pasará después», dice desconcertada Berta Soledades, salvadoreña beneficiaria de TPS a las puertas de la Casa Blanca, donde hoy acudió junto a decenas de inmigrantes a rechazar la cancelación de la medida, aunque aún no ha asimilado la decisión oficial.
En 1997, las condiciones sociales de El Salvador la empujaron a abandonar su país, al que ya no quiere regresar tras haber construido una vida en Estados Unidos, donde ha tenido dos hijas y ha contribuido con el pago de impuestos.
«No estamos aquí de gratis», reivindica Soledades, que minutos antes de ser entrevistada por los medios había rechazado ubicarse frente a una cámara a causa de la ansiedad y de la incertidumbre que le provoca la cancelación del permiso.
Afectada junto a otros 260.000 salvadoreños más, ella considera que tienen derecho a una «residencia permanente» y comenta que no cejarán en su empeño y continuarán luchando por conseguirlo.
Tras más de dos décadas en el país, ella continúa beneficiándose del estatus que le permitió cimentar su devenir, pero lo que le preocupa no es su situación, sino la de su hija de 8 años, nacida en territorio estadounidense, en caso de que su madre fuera deportada.
Los salvadoreños «tepesianos», término por el que se conoce a los beneficiarios de este programa, afrontarán ahora un período de 18 meses después de marzo para «preparar» su salida de Estados Unidos o arriesgarse a continuar en el territorio nacional y ser deportados.
La coyuntura que afronta Lindolfo Carvallo, de la asociación CASA, es muy diferente pese a que su origen y el de Berta Soledades son similares.
Él, ciudadano estadounidense, llegó al país en 1990 desplazado por la guerra civil en El Salvador y se acogió al TPS hasta 1997.
Desde su llegada, Carvallo aportó trabajo y esfuerzo para contribuir a la sociedad norteamericana y hoy busca apoyar a aquellos inmigrantes que tienen necesidades parecidas a las que el vivió en el momento de entrada al país, según narra.
Un hijo de 14 años y otro de apenas 4, ambos estadounidenses, son el legado de Carvallo, que se indigna con las políticas migratorias del presidente, Donald Trump, a pesar de no tener que afrontar el tortuoso procedimiento que tendrán que seguir muchos de sus compatriotas.
«Todos tenemos derecho a vivir aquí y que lo hagamos no debería ser un acto de suerte», afirmó a Efe Carvallo, que multiplica los aspavientos a medida que califica las decisiones de Trump en materia de inmigración.
Para él, el Gobierno Trump trata a los inmigrantes «peor que a los animales» después de cancelar los TPS de Haití, Nicaragua y El Salvador y el programa de Acción Diferida (DACA), que protegía de la deportación a jóvenes indocumentados que llegaron de niños al país.
También de El Salvador es Jaime Contreras, sindicalista que alcanzó Estados Unidos como indocumentado en 1888 para terminar sirviendo al ejército norteamericano entre 1994 y 1997.
Calificó de «vergüenza» la opción de Trump, y llamó a los salvadoreños a no olvidarse de renovar el TPS mientras intentan que los legisladores estadounidense busquen una solución permanente.
Contreras también llamó a que se movilicen en las urnas en las elecciones legislativas del presente año todos los afectados, directa o indirectamente, por la política migratoria de Trump.
El TPS se creó bajo la Presidencia del republicano George H.W. Bush (1989-1993), cuando el Congreso estableció un procedimiento que permite al Gobierno otorgar un permiso temporal de residencia y trabajo a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos, epidemias o desastres naturales.
