Chicago (IL), 12 jun (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).-
a organización de jóvenes indocumentados United We Dream lanzó este martes un «rastreador de abusos» de los derechos humanos de los migrantes presuntamente cometidos en los últimos ocho meses por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.
Con el recurso, al que se puede acceder a través de su página en internet, la organización detalla a partir de noviembre del año pasado las «atrocidades» de que las que, aseguran, han sido víctimas migrantes y refugiados, en particular niños separados de sus padres en la frontera con México.
«Este es el momento de señalar a los responsables», declaró en un comunicado la directora de abogacía y política de United We Dream, Sanaa Abrar, porque el Congreso se prepara a debatir los fondos que recibirán estas dos agencias para realizar sus tareas.
«Con todas las evidencias recogidas, los jóvenes inmigrantes queremos dejar bien claro que la fuerza de deportación del presidente Donald Trump no necesita más dinero», afirmó.
El rastreador permite leer artículos de prensa y materiales preparados por grupos proinmigrantes sobre «quién daña a las familias, quién se beneficia con la detención de inmigrantes y qué sucede con las separaciones en la frontera».
Según el comunicado, los abusos son rastreados, catalogados y documentados para que las «víctimas no sean olvidadas» y se puedan exigir «responsabilidades a los culpables y reclamar justicia».
Entre los abusos destacan el hacinamiento de los centros de detención y las personas que murieron cuando se encontraban en custodia de los agentes federales, incluidos al menos siete menores de edad.
Es «una montaña de evidencias que los políticos tratan de ocultar», para supuestamente justificar ante el Congreso la necesidad de más fondos, señala.
El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kevin McAleenan, declaró este martes ante el Congreso que su agencia se está quedando sin fondos para atender la crisis de migrantes que cruzan la frontera con México.
Por ello pidió 4.500 millones para reforzar la seguridad fronteriza y proporcionar más fondos a las instalaciones que procesan a las familias y a los niños migrantes, así como para aumentar las detenciones y acelerar las deportaciones.
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