Nueva York (EFE)
Las familias de varias víctimas del tiroteo masivo en una escuela de Estados Unidos hace más de siete años, conocido como la matanza de Sandy Hook, lograron este martes un acuerdo histórico con el fabricante de armas Remington por su responsabilidad en la tragedia, una de las más graves del país. En diciembre de 2012, un joven de 20 años, Adam Lanza, entró en la escuela elemental Sandy Hook de Newtown (Connecticut, EE.UU.) y mató a veinte niños y seis profesores con un rifle semiautomático de marca Remington, y desde entonces sus familiares han atravesado un arduo camino para obtener justicia.
Las familias denunciaron en 2014 a Remington y, tras altibajos judiciales por la inmunidad federal que se ofrece a los fabricantes de armas en EE.UU., en 2019 la Corte Suprema del estado readmitió un proceso centrado en la publicidad del arma utilizada por Lanza, que también mató a su madre y se suicidó. Según un documento publicado por el tribunal este martes, revisado por Efe, el grupo denunciante de familiares de nueve víctimas de la matanza notificó al juez que «se ha ejecutado un acuerdo de conciliación entre las partes» y pidió que se suspendan los plazos del litigio que estaba en marcha.
Se trata de la primera vez que un fabricante de armas, en este caso el más antiguo del país, rinde cuentas ante la justicia por un tiroteo masivo en EE.UU., de acuerdo con los medios. Aunque no se especifica la cantidad del acuerdo, el canal ABC News indicó que Remington, que se ha declarado dos veces en quiebra desde 2012, ha acordado compensar a los familiares de las víctimas de la matanza de Sandy Hook con un total de 73 millones de dólares.
Durante el proceso, los abogados de las familias argumentaron que la publicidad del rifle semiautomático utilizado, el Bushmaster AR-15, violó la legislación estatal, ya que se dirigía a consumidores civiles pero por sus características sería solo adecuado para uso por parte de personal militar y policial. La matanza reabrió el debate sobre el control de armas en el país y la responsabilidad que se puede exigir a los fabricantes por este tipo de tragedias, ya que una ley federal de 2005 les otorga una amplia inmunidad ante posibles demandas de familiares de víctimas.
