Editorial por Luis Molina
La muerte de Eddie Deans Jr. a manos de la Policía de Grand Rapids ha vuelto a abrir una conversación incómoda, pero necesaria: ¿qué ocurre cuando una persona con enfermedades mentales graves llega a un punto de crisis y el sistema no logra intervenir a tiempo?
Las investigaciones determinarán si los agentes actuaron conforme a los protocolos establecidos. También es importante reconocer que, según las autoridades, existieron hechos violentos que pusieron en riesgo a ciudadanos y policías. Sin embargo, limitar la discusión únicamente a los últimos minutos de la vida de Deans sería ignorar una historia que comenzó décadas antes.
Los registros públicos muestran que Deans enfrentó durante años trastornos mentales severos, intentos de suicidio, autolesiones y diversos tratamientos psiquiátricos. Su historia refleja una realidad que se repite en muchas comunidades de Estados Unidos: personas con enfermedades mentales graves que entran y salen del sistema penal, pero que rara vez encuentran una red de apoyo suficientemente sólida para garantizar estabilidad a largo plazo.
La pregunta no es únicamente qué ocurrió el día del enfrentamiento. La pregunta es qué ocurrió durante los años anteriores.
Durante décadas, el país ha invertido miles de millones de dólares en cárceles, patrullas y sistemas judiciales, pero con frecuencia ha dejado rezagados los servicios comunitarios de salud mental. El resultado es que muchas familias terminan enfrentando solas situaciones para las cuales no están preparadas. Cuando una crisis se descontrola, la llamada al 911 suele convertirse en la única alternativa disponible.
Y ahí aparece otra realidad difícil: los policías son enviados a resolver problemas que muchas veces son médicos, psicológicos y sociales. Aunque numerosos departamentos han incorporado capacitación en intervención en crisis, los oficiales siguen siendo, en muchos casos, el último recurso de un sistema que ya fracasó en etapas anteriores.
Esto no significa que las personas con enfermedades mentales sean violentas. De hecho, la gran mayoría nunca representa un peligro para otros. Pero cuando existen diagnósticos severos sin tratamiento adecuado, falta de seguimiento clínico, aislamiento social y antecedentes de conductas agresivas, el riesgo de una tragedia aumenta considerablemente.
Por ello, la discusión pública no debería centrarse únicamente en si el desenlace pudo evitarse en esos últimos segundos. También debe enfocarse en cómo evitar que las personas lleguen a ese punto.
Michigan y el resto del país necesitan ampliar el acceso a servicios de salud mental, fortalecer los programas de atención comunitaria, garantizar seguimiento continuo para pacientes de alto riesgo y crear equipos especializados de respuesta a crisis que trabajen junto a las fuerzas policiales. Además, es necesario facilitar el acceso a tratamientos prolongados y apoyar a las familias que diariamente cargan con una responsabilidad enorme y muchas veces invisible.
La muerte de Eddie Deans Jr. deja preguntas difíciles. También deja una lección. Cuando una crisis de salud mental termina en una patrulla, un arma o una morgue, probablemente el problema comenzó mucho antes. Y si queremos evitar que historias similares se repitan, la solución debe empezar mucho antes.
