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Hablando de Inmigración: ¿Regresará la ley de la Carga Pública después del Covid-19?

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Por Lee Marvin Abogado de Inmigración

El 24 de febrero de 2020, la Administración Trump comenzó a aplicar nuevas reglas de carga pública aumentando significativamente los requisitos de calificación para los solicitantes de residencia permanente. Las nuevas reglas requieren que los oficiales determinen si es probable que los futuros inmigrantes se conviertan en una «carga pública» mediante el análisis de sus propiedades, edad, habilidades educativas, dominio del idioma inglés, salud y otros factores.  Entre los «otros factores» enumerados se encuentran dos nuevos requisitos importantes: la presentación de informes de crédito y la cobertura de salud.

A partir de estas nuevas reglas, todos los nuevos solicitantes de residencia están obligados a demostrar que no tenían un historial de crédito negativo en los Estados Unidos que los llevaría a depender del contribuyente a través del apoyo del gobierno.  Por una razón similar, la otra regla requiere una prueba de la cobertura médica actual que comenzará dentro de unos meses de la entrada en los Estados Unidos.  Según el gobierno, se trata de una protección que garantiza que un inmigrante no se vuelva dependiente del contribuyente si surge un problema médico que el inmigrante no podría cubrir con sus propios ingresos.

El 29 de julio, un juez federal en Nueva York bloqueó las nuevas reglas de carga publica para todos los nuevos solicitantes que presentaron la petición de residencia durante la pandemia de Covid-19.  Luego, el 4 de agosto, el tribunal de apelaciones del segundo circuito bloqueó por completo la ampliación de la regla de carga de la administración Trump presentada en febrero en Nueva York, Connecticut y Vermont. Este nuevo bloqueó de las reglas no está relacionado con la situación temporal de Covid-19, es un bloqueó completo sin límite de tiempo ni final.

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A partir de la semana pasada, el 12 de agosto, otro juez federal de apelaciones decidió sobre las reglas de carga pública. Esta vez, la victoria fue para la Administración Trump, ya que el juez dictaminó que la medida cautelar temporal relacionada con Covid-19 sólo se aplicaba a los tres estados dentro del Segundo Circuito.  Esto significa que los únicos estados afectados por el bloque temporal de la carga publica son Nueva York, Connecticut y Vermont. USCIS está examinando lo que llaman la «viabilidad administrativa» de la reimplementación de la política de febrero, al menos hasta después de que termine la situación de Covid-19.  Deben decidir si es posible o vale la pena dedicar su tiempo para hacer cumplir parcialmente estas reglas, ya que no será fácil averiguar cómo proporcionar un proceso especial para revisar las solicitudes solo para estos tres estados.  Con suerte, todos los estados de todo el país se beneficiarán de la prohibición temporal de Covid-19.

Otro cambio que vale mencionar esta semana, es una nueva regla propuesta por la administración Trump para las peticiones de asilo. La nueva regla denegaría las solicitudes de solicitantes de asilo si se consideran un «riesgo para la salud» para otras personas en los Estados Unidos. La norma propuesta exigiría que los funcionarios de asilo nieguen el asilo a cualquier persona que se considere un riesgo para la salud pública, que tenga una enfermedad contagiosa como COVID-19. La unión nacional de funcionarios de asilo se pronunció en contra de la norma propuesta esta semana alegando que no sirve para «ningún propósito de salud pública» y que es «contraria al tejido moral de nuestro país», ya que el único propósito detrás de la regla es «avanzar el objetivo político de la Administración».  Los funcionarios de asilo individuales también expresaron su preocupación por la norma propuesta, ya que se verían obligados a hacer evaluaciones médicas que no están calificados para hacer.

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Como todavía se desconoce cuál será de la nueva regla de asilo o lo que sucederá con la regla de carga publica, seguiremos actualizando a nuestros lectores a medida que descubrimos los cambios.  Lee L. Marvin es un abogado especializado en asuntos de inmigración y casos criminales.

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