México, 13 abr (ELINFORMADORUSA/EFE).- La fiscalía general de México y el Departamento de Justicia de Estados Unidos trabajan conjuntamente para que el exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, acusado de narcotráfico, sea juzgado en las dos naciones, informaron hoy fuentes oficiales.
Ambas instituciones «están trabajando conjuntamente las estrategias jurídicas a fin de que Tomás Yarrington Ruvalcaba enfrente a la justicia de ambos países», indicó en un breve mensaje la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) de México.
En un comunicado posterior, la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicaron que «el Gobierno de México, una vez satisfechos los requerimiento que establece el tratado bilateral en la materia, procedió a presentar vía diplomática la solicitud de detención provisional con fines de extradición a través de la Embajada de México en Italia el día 11 de abril.
Fuentes de la PGR indicaron a Efe que esta petición no equivale aún a una solicitud formal de extradición.
De acuerdo con el comunicado, autoridades de México sostuvieron hoy reuniones con autoridades italianas «a fin de dar seguimiento al trámite de extradición de Yarrington».
El pasado domingo, la PGR informó de la detención del exgobernador en Italia, gracias a la colaboración de las autoridades de este país europeo.
Según medios de comunicación, cuando el político fue detenido se le encontró una credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) con el nombre de José Ángel Márquez Pérez.
Al respecto, el INE explicó hoy en un boletín que, tras revisar el padrón electoral, se confirmó que «no existe ningún registro con las características que menciona la información», por lo que «se trataría de un documento falso».
Yarrington, quien gobernó el norteño estado de Tamaulipas entre 1999 y 2004 y era miembro del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), está acusado de favorecer la operación de los cárteles del Golfo y de los Zetas para el transporte de drogas hacia Estados Unidos.
La PGR contaba con una orden de aprehensión en su contra desde 2012, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), entre otros.
La fiscalía mexicana ofreció en noviembre pasado una recompensa de 15 millones de pesos mexicanos (unos 802.860 dólares) a quien diera información que llevara a su captura.
