Por Héctor Loya/DETROIT
En la última de una larga serie de decisiones judiciales que declaran inconstitucional la Ley de Registro de Delincuentes Sexuales (SORA, por sus siglas en inglés) de Michigan, el juez de distrito de EE. UU. Mark A. Goldsmith anuló partes de la ley en una decisión publicada a finales de la semana pasada.
La decisión del tribunal en la demanda colectiva, Does III v. Whitmer, afectará a decenas de miles de personas y sigue dos fallos recientes de la Corte Suprema de Michigan, así como numerosas decisiones de tribunales federales que se remontan a 2013, que encontraron problemas constitucionales con el registro de Michigan.
En una opinión de 115 páginas, el tribunal confirmó algunos aspectos del registro, pero, como en las decisiones anteriores, nuevamente encontró múltiples violaciones constitucionales, entre ellas:
- El registro de personas que no cometieron delitos sexuales;
- La ampliación retroactiva de los plazos de inscripción a la vida;
- Un trato más severo para las personas con condenas que no sean de Michigan; y
- Violaciones de los derechos de los registrantes bajo la Primera Enmienda.
“Esta decisión demuestra una vez más que el registro de delincuentes sexuales de Michigan no solo es inflado, costoso e ineficaz, sino que no resiste el escrutinio constitucional y debe ser revisado por los legisladores estatales”, dijo Miriam Aukerman, abogada principal de la ACLU de Michigan, que ha liderado el litigio del registro de la ACLU durante más de una década. “Los habitantes de Michigan y sus familias merecen un sistema que funcione priorizando la seguridad pública y la prevención, no un enfoque fallido y contraproducente que nos hace a todos menos seguros porque sabotea la capacidad de las personas con condenas pasadas de encontrar vivienda, empleo y apoyo familiar, que son clave para una reinserción exitosa”.
La demanda colectiva presentó once impugnaciones constitucionales en nombre de las más de 45.000 personas inscritas en el registro de Michigan.
El tribunal falló a favor de los demandantes en seis reclamaciones, incluidas las siguientes:
- Extender retroactivamente los períodos de registro de 25 años a por vida viola la Constitución.
- Los requisitos de presentación de informes en persona impuestos en 2011 no se pueden aplicar a quienes se registraron antes de 2011.
- Las personas que no hayan sido condenadas por un delito sexual no pueden ser sometidas a SORA sin una audiencia judicial.
- Michigan no puede imponer requisitos de registro más severos a las personas con condenas fuera del estado que a las personas con condenas en Michigan. Estas personas deben recibir una audiencia judicial para determinar sus requisitos de registro.
- Los requisitos de SORA de informar identificadores de Internet, como cuentas de correo electrónico y redes sociales, violan los derechos de la Primera Enmienda de los registrantes.
- Obligar a los registrantes a certificar que entienden SORA, incluso si no lo hacen, es una expresión obligatoria inconstitucional.
Según la decisión del tribunal:
- Aproximadamente 17.000 personas serán eliminadas después de cumplir 25 años en el registro sin otro delito registrable.
- Más de 3.000 personas con condenas fuera del estado tendrán derecho a una determinación judicial de sus requisitos de registro.
- Se requerirá una audiencia judicial si el estado busca mantener a unas 300 personas en el registro basándose en condenas por delitos no sexuales.
- Los requisitos de presentación de informes en persona cambiarán para aproximadamente 31.000 personas y los requisitos de presentación de informes por Internet cambiarán para aproximadamente 14.000 personas.
