Washington
a Corte Suprema autorizó este viernes a la Administración de Donald Trump a aplicar en Illinois, el único estado exento hasta ahora, la llamada norma de «carga pública», que desde el próximo lunes permitirá rechazar los permisos de residencia a inmigrantes que reciban beneficios públicos.
La decisión se adoptó con una votación 5-4, la misma que se impuso el pasado 27 de enero, cuando el máximo tribunal estadounidense aprobó que esta normativa, anunciada por el Ejecutivo en agosto de 2019, entre en vigor mientras se resuelven las apelaciones pendientes.
Al explicar su decisión en contra, la magistrada Sonia Sotomayor, considerada del ala liberal, argumentó que «quizás lo más preocupante es que el comportamiento reciente de la Corte en las solicitudes de suspensión ha beneficiado a un litigante sobre todos los demás».
«Me temo que esta disparidad en el tratamiento erosiona el proceso de toma de decisiones justo y equilibrado que esta Corte debe esforzarse por proteger», advirtió.
En octubre del año pasado, cortes de distrito de Nueva York, California, Washington, Illinois y Maryland habían bloqueado la aplicación de esta norma, cuya entrada en vigencia había sido anunciada por el Gobierno para el próximo lunes, salvo en Illinois.
La polémica norma establece que un inmigrante legal será definido como «carga pública» si recibe «uno o más beneficios públicos designados» durante más de 12 meses en un período de tres años.
Los beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos en el país, entre otros.
Además, apunta a reducir la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país al facilitar el rechazo de las solicitudes de «green card» (como se conocen los permisos de residencia permanente) o de algunos visados.
Así, las autoridades podrán determinar si el inmigrante puede convertirse en un momento dado o se ha convertido en una «carga pública» para el Gobierno -es decir, si «depende principalmente» de la asistencia de los fondos públicos para subsistir-, y luego cancelar su estatus migratorio legal.
De este modo, una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación en el país, en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas públicas.
La medida no afecta a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en EE.UU.
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