GRAND RAPIDS, MI. — Por Héctor Loya/ El Informador
La búsqueda del próximo jefe de policía de Grand Rapids continúa avanzando, pero nuevos detalles han puesto bajo escrutinio a dos de los cuatro finalistas seleccionados para ocupar el cargo.
Los aspirantes que permanecen en el proceso son Mark Bliss, Rafael Diaz, Eve Stephens y Joseph Trigg. Sin embargo, documentos judiciales revelan que tanto Bliss como Stephens han estado involucrados en litigios relacionados con acusaciones de discriminación.
Mark Bliss, ex subjefe del Departamento de Policía de Detroit, fue señalado en una demanda por discriminación racial presentada por el oficial Johnny Strickland. Según los documentos del caso, Strickland fue esposado por otros agentes mientras respondían a una llamada relacionada con un posible artefacto explosivo, ya que los oficiales desconocían que también era miembro de una corporación policial.
La demanda sostiene que, al llegar al lugar, Bliss ordenó que retiraran las esposas a Strickland, pero supuestamente decidió que el incidente no fuera reportado oficialmente. Además, Strickland afirma que Bliss le advirtió que enfrentaría “consecuencias” si hablaba sobre lo sucedido.
Posteriormente, Strickland presentó una queja formal y demandó a la ciudad de Detroit y a varios oficiales, incluido Bliss, argumentando que sufrió un ambiente laboral hostil y represalias. Aunque el caso fue desestimado inicialmente, una corte de apelaciones falló posteriormente a favor de Strickland, permitiendo que el proceso continuara.
Por otro lado, Eve Stephens, exjefa de policía de la Universidad de Texas en Austin, presentó una demanda contra el Sistema Universitario de Texas y la universidad, alegando haber sido víctima de discriminación tras su despido.
De acuerdo con la demanda, Stephens fue removida de su cargo apenas 14 meses después de asumir la jefatura, pese a haber recibido recientemente una evaluación positiva de desempeño y un aumento salarial por mérito. La exfuncionaria asegura que también fue objeto de críticas constantes por parte de un alto funcionario de asuntos legales que supervisaba el departamento policial.
Los documentos judiciales indican que Stephens fue informada de su destitución durante una reunión virtual, donde se le ofrecieron tres opciones: aceptar el despido, renunciar o asumir un puesto temporal dentro de la universidad. Finalmente, optó por la tercera alternativa.
El Sistema Universitario de Texas ha solicitado que la demanda sea desestimada, argumentando que fue incluido incorrectamente como demandado y que no tenía control directo sobre la relación laboral de Stephens. El litigio permanece activo.
Mientras la ciudad de Grand Rapids se prepara para elegir a su próximo jefe de policía, estos antecedentes legales podrían convertirse en un factor importante dentro del proceso de selección y en el debate público sobre quién asumirá el liderazgo del departamento.
