Washington, 23 de junio (EFE).-
Un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos autorizó este martes al Gobierno del presidente Donald Trump a reanudar el proceso de deportaciones aceleradas en todo el país, una medida que anteriormente se aplicaba principalmente a personas detenidas al cruzar la frontera y que permitía su expulsión sin comparecer ante un juez de inmigración.
En una decisión dividida de dos votos contra uno, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia determinó que la ampliación de este procedimiento al resto del territorio estadounidense no viola los derechos de los inmigrantes.
Al inicio de su segundo mandato, Trump ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) extender el mecanismo conocido como «expulsión acelerada» a todos los extranjeros que no pudieran demostrar que han permanecido en Estados Unidos durante al menos dos años. Bajo este procedimiento, los migrantes pueden ser deportados sin tener una audiencia ante un juez de inmigración.
Tradicionalmente, la deportación acelerada se aplicaba a personas indocumentadas detenidas cerca de la frontera sur, quienes eran devueltas a México pocos días después de su arresto. Con la nueva directriz, los agentes de ICE podrán aplicar este procedimiento también a personas detenidas en cualquier parte del país.
La opinión mayoritaria fue redactada por el juez Justin R. Walker, designado por Trump, y respaldada por la jueza Neomi Rao, también nombrada por el mandatario.
«La cuestión no es si algunos funcionarios no implementan correctamente una directriz; es si la propia directriz de política escrita es ilegal», escribió Walker.
El fallo representa una victoria para la política migratoria impulsada por la Casa Blanca y responde a una demanda presentada por la organización Make the Road New York, la cual argumentó que la medida era inconstitucional al violar el derecho al debido proceso de los inmigrantes.
Walker sostuvo que la directriz presidencial no priva a los extranjeros de «una oportunidad significativa de ser escuchados».
Sin embargo, el juez Robert L. Wilkins, designado por el expresidente Barack Obama, emitió un voto en contra al señalar que el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no refutaron las acusaciones de que personas con más de dos años de residencia en Estados Unidos ya habían sido deportadas bajo esta política.
Por su parte, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU), que representa a los demandantes, informó que analiza los siguientes pasos legales para intentar frenar la estrategia migratoria del Gobierno.
«El impulso de la administración Trump a las deportaciones por vía rápida someterá a las personas a un sistema injusto y propenso a errores», advirtió Anand Balakrishnan, abogado principal de la ACLU.
La organización sostuvo además que la resolución del tribunal debilita un principio fundamental del sistema judicial estadounidense: garantizar el debido proceso antes de que el Gobierno pueda deportar a una persona.
