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EE. UU. acusa a Maduro de usar embajada en México para lavado de dinero y tráfico de drogas

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Washington / Ciudad de México —

El gobierno de Estados Unidos presentó una acusa-ción formal contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, en la que señala que el líder chavista usó estructuras diplomáticas, incluida la embajada de Venezuela en México, como parte de una red para gestionar el retorno de dinero producto de actividades ilícitas, según documentos legales presentados ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. 

La acusación forma parte de un amplio expediente por narcotráfico, narcoterrorismo y lavado de dinero que también involucra a la primera dama Cilia Flores, su hijo Nicolás Maduro Guerra y otros altos funcionarios del régimen. El gobierno estadounidense asegura que Maduro y sus colaboradores operaron durante décadas para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y mover las ganancias a través de distintos mecanismos diplomáticos. 

Entre los señalamientos más destacados, la fiscalía sostiene que Maduro autorizó el uso de pasaportes diplomáticos y aviones con cobertura oficial para el traslado de dinero desde México hacia Venezuela, aprovechando la protección que brindan las misiones diplomáticas para evadir controles. 

La referencia a México en el expediente no es ocasional: en las 25 páginas de la acusación se menciona en múltiples ocasiones al país como uno de los puntos de tránsito y de gestión de recursos ilícitos relacionados con la trama atribuida al llamado “Cartel de los Soles”, la estructura criminal que según los fiscales operó desde las más altas esferas del Estado venezolano. 

Este caso se inscribe en una serie de acciones legales y diplomáticas que han tensado las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. La acusación se presentó poco antes de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses y su traslado a Nueva York para enfrentar los cargos en tribunales federales. 

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Hasta ahora, autoridades venezolanas no han rendido cuentas públicas sobre estos señalamientos, y la situación continúa generando debate internacional sobre la legalidad de la intervención, el impacto en la región y las implicaciones para la política exterior de los países implicados.