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Juez desestima demanda de Texas contra política que beneficia a migrantes venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos

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En un sorprendente fallo, un juez federal desestimó una demanda de Texas contra una política del Gobierno Biden que permite a migrantes venezolanos, cubanos, nicaragüenses  y haitianos entrar a EE.UU. si tienen patrocinadores estadounidenses.

La demanda se centró en un programa que permite a inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela aplicar para ir a Estados Unidos y, si se aprueban sus solicitudes, vivir temporalmente en el país. La política, lanzada hace más de un año, permite que hasta 30.000 inmigrantes de esas cuatro naciones lleguen a Estados Unidos cada mes.

Los funcionarios han atribuido a esta política parte de la reducción en los cruces fronterizos de personas de esas nacionalidades al proporcionar una vía legal de entrada al país. Los republicanos, sin embargo, han criticado el uso de la medida por parte de la administración Biden, argumentando que los funcionarios están utilizando la autoridad de manera demasiado amplia, mientras intensifican sus ataques en los últimos meses a la agenda de inmigración más amplia del presidente Joe Biden.

El juez Drew B. Tipton rechazó el viernes la impugnación presentada a principios del año pasado por Texas, junto con otros estados liderados por republicanos.

“Tras la revisión, la teoría de los demandantes sobre el daño de hecho es inútil porque la recaracterización que proponen intenta eludir el hecho de que Texas no resulta perjudicado financieramente por el programa”, escribió Tipton en su fallo.

“El Quinto Circuito ha analizado constantemente el impacto que tuvo la acción de la agencia impugnada en los intereses fiscales del Estado en DAPA, DACA, MPP I, MPP II, GLO y LDWF», señaló en juez en relación a otros programas de inmigración. «Y al hacerlo, el Quinto Circuito invariablemente ha considerado si los gastos aumentaron en comparación con los gastos de acción previa”, afirma su fallo.

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“En este caso, esos gastos disminuyeron después de la implementación del programa», continuó. «El Tribunal tiene ante sí un caso en el que los demandantes afirman que han resultado perjudicados por un programa que en realidad ha reducido sus costos”, concluyó.