GRAND RAPIDS, MI (ELINF). — Por Héctor Loya/ El Informador
En los primeros 15 días de 2026, comunidades hispanas de Grand Rapids y ciudades aledañas viven bajo un ambiente de miedo constante ante operativos y detenciones realizadas por agentes federales de inmigración, una situación que ha ido escalando y que ya tiene consecuencias visibles en las calles.
Activistas y organizaciones comunitarias han documentado arrestos de personas que acudían a citas rutinarias de inmigración, especialmente en instalaciones del programa ISAP, lugares que por años fueron considerados seguros para cumplir con procesos legales sin riesgo inmediato de detención. Estas acciones han generado alarma, desconfianza y un profundo sentimiento de traición entre quienes creían estar actuando conforme a la ley.
A este escenario se suman numerosos reportes recibidos por el periódico El Informador a través del programa “Ojo Ciudadano”, donde residentes han denunciado detenciones sorpresivas en distintos puntos de Grand Rapids y sus alrededores.
El Informador ha sido testigo de cómo los vehículos quedan abandonados en la vía pública luego de que personas fueran arrestadas por ICE, convirtiéndose en una evidencia silenciosa del operativo. En varios de estos casos, los automóviles presentan vidrios quebrados, lo que sugiere el uso de la fuerza por parte de los agentes para llevar a cabo los arrestos.
Vecinos han reportado escenas de angustia: autos abiertos, pertenencias dentro, cristales rotos y ninguna información oficial sobre el paradero de la persona detenida. El efecto de estas acciones va más allá de las detenciones. Comercios y escuelas reportan una menor presencia de personas hispanas, mientras que muchas familias optan por no salir de casa, evitar conducir o incluso faltar al trabajo por temor a ser interceptadas.
Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que el impacto psicológico es severo: niños que preguntan si sus padres volverán a casa, trabajadores que dejan de presentarse por miedo y comunidades enteras que viven en constante estado de alerta.
Hasta el momento, ICE no ha ofrecido cifras claras ni explicaciones detalladas sobre estos operativos en West Michigan. Activistas y líderes comunitarios exigen transparencia, respeto a los derechos humanos y el cese de tácticas que consideran intimidatorias y deshumanizantes. Esto pone en evidencia una realidad que, para miles de familias hispanas, se ha convertido en una pesadilla cotidiana apenas iniciando el año.
