Austin (TX), 9 may (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).- Un grupo de 22 jóvenes inmigrantes, amparados por una organización defensora de los derechos civiles, decidieron hoy intervenir en la demanda interpuesta la semana pasada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, para eliminar el programa migratorio DACA.
El pasado 1 de mayo, el republicano Paxton interpuso una demanda, junto a otros seis fiscales estatales, contra la administración Trump por haber mantenido la iniciativa que protege de la deportación a 690.000 jóvenes inmigrantes, que llegaron al país siendo niños, pese a haber declarado su fin.
Ante esta situación, la coalición migrante pretende que «su voz» sea escuchada durante la deliberación judicial y evitar que esta demanda «tan agresiva» avance sin interventores que la defiendan «de manera efectiva y enérgica».
El presidente del Fondo México-Estadounidense para la Defensa Legal (Maldef), Thomas Saenz, consideró que es una unión con una «importancia crítica», ya que para él Texas y Trump comparten «la misma visión errónea y desinformada» respecto a los «soñadores», término utilizado para definir a los beneficiarios de DACA.
El abogado estatal no se opone a que los «soñadores» intervengan en el caso, mientras que la administración Trump esperará a leer la moción antes de responder a esta cuestión.
Sin embargo, el fiscal texano considera que el programa, proclamado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, no debería tener validez puesto que, bajo su valoración, el Ejecutivo no tiene poder para dar forma a las leyes migratorias y esa capacidad le corresponde exclusivamente a la rama Legislativa.
No es la primera vez que Paxton amenaza con demandar a Trump, que pertenece a su propio partido, si no cancelaba con carácter inmediato DACA.
En junio de 2017, ya advirtió que acudiría a los tribunales si el presidente no cumplía su promesa.
A pesar de que finalmente Trump cedió a las presiones y determinó su cierre para el 5 de marzo si el Congreso no alcanzaba un acuerdo en materia migratoria; dos jueces, uno de Nueva York y otro de California, obligaron a mantener vivo el programa.
Por último, la semana pasada, un magistrado de Washington D.C. determinó que el Gobierno debe aceptar nuevas solicitudes al programa, aunque por el momento concedió al Ejecutivo un plazo de 90 días para justificar por qué le puso fin.
