ELINFORMADORUSA
ste lunes la administración de Trump anunció una norma que reduce la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de los permisos de residencia, conocidos como «green cards» («tarjetas verdes»), o de algunos visados.
La normativa anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), está diseñada para que los inmigrantes con bajos ingresos no puedan llegar o permanecer en el país.
La nueva regla entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Registro Federal, que será publicada oficialmente el miércoles.
Con esta medida el Gobierno podrá determinar si el inmigrante se ha convertido en una «carga pública» para la Administración, es decir, si «depende principalmente» de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus de inmigración.
En la práctica una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación en el país en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas públicas.
Diversos grupos defensores de los inmigrantes han comentado que esta regla discriminaría a los inmigrantes de los países más pobres, mantendría a las familias separadas y alentaría a los residentes legales a renunciar a ayuda pública que probablemente necesiten para subsistir, según medios locales.
Por otra parte los inmigrantes de la tercera edad, muchos de los cuales obtienen medicamentos recetados a bajo costo a través de programas subsidiados, también podrían verse obligados a dejar esas ayudas o arriesgarse a ser considerados «carga pública», lo que no les permitiría mantener el estatus de residente legal.
En septiembre del año pasado, la actual administración gubernamental ya propuso una reglamentación para que a los inmigrantes que reciben legalmente beneficios públicos, como la asistencia alimentaria y los vales de ayuda de vivienda, se les pueda negar la residencia permanente.
Se espera que la regulación anunciada hoy enfrente demandas legales en los próximos días, por lo que su implementación final podría retrasarse varios meses o, incluso, nunca producirse si la Justicia así lo considera.
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