Por Lee Marvin Abogado de Inmigración
Con todas las políticas negativas de inmigración nuevas y las que fueron cambiadas por la Administración Trump, probablemente ninguna ha sido tan disputada o con tanto peso político como la eliminación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (por sus siglas en inglés, DACA). Fue especialmente decepcionante porque al principio de su administración, el presidente Trump afirmó que apoyaba el programa y estaba tomando los pasos necesarios para que el programa fuera permanente. Todo el apoyo a ese programa terminó durante el enfrentamiento entre Trump y los demócratas por la crisis del presupuesto a principios del año 2018. De hecho, fue en ese momento cuando Trump cambió significativamente su actitud hacia inmigración y comenzó su obsesión de dos años por eliminar la inmigración ilegal y legal.
El verano pasado, la Corte Suprema dictaminó que el método que utilizó la administración Trump para tratar de eliminar DACA no era válido y que el Departamento de Seguridad Nacional (por sus siglas en inglés, DHS) tendría que usar un método legal diferente para tratar de eliminarlo. Sin embargo, a pesar de esto, el gobierno nunca restauró el programa en contra de una orden judicial federal.
Con su derrota en las elecciones, ha habido un resurgimiento de críticas contra Trump por no seguir las órdenes de los jueces federales de reabrir el programa. El miércoles pasado, un juez federal de Nueva York reprendió a la administración Trump por ignorar las órdenes judiciales en un intento de «agotar el tiempo» restante de su administración mientras intenta desesperadamente revertir las elecciones.
Esto es en respuesta al memo del DHS de hace unas semanas que informaba al público que limitarían DACA nuevamente acortando el período de renovación y prohibiendo a los solicitantes por primera vez. Esto ha creado otra ronda de demandas contra el gobierno y se ha establecido un calendario de presentación pronta que requiere que el gobierno presente su respuesta legal durante la semana de Acción de Gracias.
Otro cambio que se perdió en las noticias debido a las elecciones fue la implementación de nuevas reglas para los solicitantes de asilo. A fines de agosto, el gobierno implementó completamente las reglas que requieren, por primera vez, que el solicitante pague las tarifas de aplicación para los solicitantes de permisos de trabajo por primera vez. En el pasado, solo se cobraban renovaciones de permisos de trabajo, ya que los nuevos solicitantes de asilo no tenían la capacidad de obtener ingresos para poder presentar estas solicitudes. Lo que es peor que pagar una tarifa que no pueden pagar, es hacer que los solicitantes esperen un año completo desde la presentación de sus solicitudes de asilo antes de ser elegibles para permisos de trabajo. Este es un cambio importante con respecto al período de seis meses que ha existido durante décadas.
Otro cambio digno de mención a otra política de inmigración se relaciona con la naturalización o ciudadanía. El 13 de noviembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés, USCIS) anunció oficialmente planes para implementar una versión revisada de la prueba de civismo por naturalización. Inmigración anunció por primera vez los planes en julio del 2019 indicando que la prueba se estaba revisando como parte de una actualización decenal para «garantizar que siga siendo un instrumento que evalúe de manera integral el conocimiento de los solicitantes sobre la historia, el gobierno y los valores cívicos de Estados Unidos». Los solicitantes que soliciten la naturalización después del 1 de diciembre tomarán la versión actualizada del examen. USCIS mantendrá las pautas actuales para las excepciones para los solicitantes que tengan 65 años o más y que tengan al menos 20 años de residencia legal permanente.
Lee L. Marvin es un abogado especializado en asuntos de inmigración y casos criminales.
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